El Gobierno nacional inició el proceso de privatización de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) con la venta de acciones de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC S.A.).
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SUSCRIBITEEl primer paso es la venta de acciones de la compañía CITELEC.
El Gobierno nacional inició el proceso de privatización de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) con la venta de acciones de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC S.A.).
Lo hizo mediante la Resolución 1050/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.
Con el 52,4% de las acciones, Citelec es la sociedad controlante de Transener S.A., la empresa responsable del transporte de energía eléctrica en alta tensión (sistema extra alta tensión, 500kV) en la Argentina.
También es accionista minoritaria en Transener y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA S.A.).
La propuesta no contempla el otorgamiento de preferencias, ni la aplicación de un programa de propiedad participada.
La venta de las acciones de CITELEC se realizará a través de un concurso público con base, de alcance nacional e internacional, y debe concretarse dentro de un plazo ocho meses.
La Unidad Ejecutora Especial Temporaria será la Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
La medida se enmarca en la aplicación de la Ley N° 27.742, conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que declaró sujeta a privatización a ENARSA, y en cumplimiento de los Decretos N° 695/2024 y N° 286/2025, que autorizaron la privatización total de la empresa.
El proceso afecta directamente a ENARSA, a CITELEC S.A. y, de manera indirecta, a Transener S.A., la principal transportista de energía eléctrica en alta tensión del país, ya que CITELEC S.A. controla el 52,65% de su capital accionario.
Teniendo en cuenta la capitalización bursátil de la compañía y que ENARSA posee un más cuarto de la participación, el Gobierno espera recibir al menos unos 200 millones de dólares.
El Estado posee el 26,32% de Transener de manera indirecta, a través de la empresa estatal Energía Argentina (ENARSA), que a su vez es dueña del 50% de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), la sociedad controlante de la transportista, junto con Pampa Energía, la empresa fundada por Marcelo Mindlin.
El resto de la participación accionaria se reparte entre la ANSES (19,57%) y el capital que cotiza en la Bolsa porteña (27,79%).
A fines de abril de este año, el Gobierno había oficializado la autorización para poner en marcha la privatización total de ENARSA, en un proceso que se dará por etapas, con el desprendimiento de cada una de las 15 unidades de negocio.
El procedimiento se desarrollará bajo la coordinación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que deberá concretar la venta de las acciones de CITELEC S.A. en un plazo máximo de ocho meses desde la entrada en vigencia de la resolución.
La Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Secretaría de Energía será responsable de elaborar la documentación técnica y contractual necesaria para la licitación, con la intervención previa de la Unidad Ejecutora y la posibilidad de solicitar asistencia técnica y operativa a ENARSA.
El proceso de venta se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, según lo dispuesto por el Decreto N° 416/2025.
La resolución instruye además la contratación de una entidad bancaria del sector público nacional para la tasación del paquete accionario de CITELEC S.A., luego de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación manifestara su imposibilidad de realizar la valuación debido a que el valor de la empresa no se fundamenta en activos físicos, sino en los ingresos generados por los derechos sobre estos activos.
El documento aclara que la propuesta de privatización “no prevé el otorgamiento de las preferencias contempladas en el Artículo 16 de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias, ni la aplicabilidad de un programa de propiedad participada”, lo que excluye la posibilidad de que los empleados adquieran acciones en el marco de la operación.