El gasto primario consolidado de las provincias creció un 8,9 por ciento en términos reales entre 2024 y 2025, en dirección contraria a la política que lleva adelante el Gobierno nacional.
El gasto primario de las provincias subió un 8,9 por ciento en los últimos dos años
El déficit fiscal limita la posibilidad de reducir impuestos a la actividad productiva.
Así lo mostró el más reciente estudio de la Fundación Libertad y Progreso.
El estado de las cuentas públicas
El gasto primario en las provincias va a contramano de los pedidos del Poder Eejecutivo nacional, que reclama un acompañamiento en la reducción de las erogaciones para poder avanzar en una rebaja de impuestos.
Esta expansión se produjo en un contexto en el cual "el conjunto pasó de superávit a déficit primario", debido a incrementos en las erogaciones que alcanzaron a la totalidad de los distritos relevados.
El relevamiento privado descubrió que "los mayores aumentos reales del gasto primario se registraron en Santiago del Estero (48,1%), Neuquén (22,5%), Jujuy (18,8%) y Formosa (18%)".
Asimismo, se produjeron incrementos de dos dígitos en otras doce provincias, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el gasto ascendió un 9,1% y en la provincia de Buenos Aires subió un 1,4%.
Como consecuencia de esta dinámica, "el resultado primario se deterioró en 19 de las 23 jurisdicciones relevadas", y un total de "nueve pasaron de superávit a déficit".
El manejo de los fondos
Los analistas de la la Fundación Libertad y Progreso subrayaron que "mientras la Nación redujo impuestos por el equivalente a alrededor del 3% del PBI, el aumento del gasto provincial limita el margen para aliviar la carga tributaria sobre empresas y familias".
Ante este escenario, la entidad recomendó que "las provincias deben acompañar ese proceso ordenando sus cuentas y disminuyendo los tributos que encarecen la producción".
El informe advirtió sobre el impacto de tributos locales como Ingresos Brutos, el cual "grava la facturación, incluso cuando una empresa pierde dinero, y se acumula en las distintas etapas de producción y comercialización".
Esta estructura provoca un efecto negativo en la economía debido a que "encarece los insumos, el financiamiento y los bienes que compran las familias".
Por ello, se planteó la urgencia de "retomar la reducción de Ingresos Brutos prevista en el Consenso Fiscal de 2017", recordando que en la industria manufacturera la alícuota presenta una mediana del 1,5%.
Finalmente, el documento especificó que "la reducción sostenible de impuestos exige disciplina fiscal en los tres niveles de gobierno".
Para cumplir este fin, propuso "concentrar la acción del Estado provincial en sus funciones básicas e indelegables como son la salud, la educación, la seguridad y la justicia", impulsando una "reorganización y racionalización de la estructura administrativa provincial".
Asimismo, recomendó un "'Programa Empalme', para que los trabajadores públicos que no sean requeridos puedan migrar al sector privado".
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