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SUSCRIBITELa ayuda estatal es fundamental para que la población enfrente la presión inflacionaria.
La estrategia fiscal del Gobierno bajo la lupa.
El FMI requirió al Gobierno que los subsidios a la energía se concentren en los sectores más vulnerables de la sociedad, para preservar las cuentas fiscales en momentos en que los precios de la energía continúan altos.
Y admitió que espera una mayor crecimiento econímico desde 2027 a partir de una mayor consumo y la baja de la inflación.
Estas consideraciones están contenidas en el informe “Perspectivas Económicas para las Américas” que presentó el FMI en su reunión Anual que se está desarrollando en Bangkok, Tailandia.
“Algunos países (entre ellos Brasil, Canadá y muchas economías del Caribe) han adoptado medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía, lo que irá en contra de los esfuerzos de consolidación fiscal”, expresó el organismo.
"No obstante, Argentina y Ecuador han emprendido esfuerzos de gran alcance para reforzar la sostenibilidad de la deuda, con el respaldo de recursos del FMI", alertó.
En esa línea, indicó que “Argentina, Bolivia y Ecuador) han adoptado medidas firmes para reducir los subsidios y permitir que los precios mundiales se vean mejor reflejados en los precios internos”.
En el contexto internacional, la entidad prevé “que los elevados precios de las materias primas sigan estimulando la actividad en toda la región, y que los principales beneficiados sean los exportadores de energía (entre ellos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Trinidad y Tabago y Venezuela)”.
En otro tramo, el FMI remarcó que “muchos gobiernos han adoptado en 2026 medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía sobre los hogares y las empresas” que incluyeron “subsidios a los combustibles, reducciones de impuestos, garantías crediticias y otras intervenciones”.
“Si bien proporcionaron un alivio inmediato, las intervenciones no focalizadas también generaron distorsiones y suprimieron las señales de precios que habrían contribuido a moderar la demanda de energía”, continuó el organismo.
En consecuencia, postuló: “Es necesario rediseñar estas intervenciones para que sean más eficaces. Es importante preservar los avances que varios países (como Argentina, Bolivia y Ecuador) han logrado a base de mucho esfuerzo para reducir o eliminar los subsidios energéticos”.
Respecto de la actividad en Argentina afirmó que se espera que “se afiance en 2027, y que la inversión y el consumo se vean apoyados por una inflación decreciente y por las reformas actualmente en marcha”.
La inflación general acumuló una suba de 23,6% en los primeros 9 meses del año, pero los gastos vinculados a los servicios públicos y hogareños avanzaron a un ritmo mayor.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la canasta de servicios públicos aumentó 46,3% en los primeros nueve meses de 2026, casi el doble que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC.
El Gobierno recibió en diciembre de 2023 un esquema de tarifas con subsidios elevados y precios relativos distorsionados.
La reducción de esas transferencias y el traslado de una mayor proporción de los costos hacia los usuarios forman parte del plan de ordenamiento fiscal, pero su efecto se expresa en aumentos que todavía superan a la inflación promedio.
La canasta elaborada por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, incluye electricidad, gas natural, agua potable y transporte público para un hogar tipo del AMBA sin subsidios.
En septiembre, ese conjunto de gastos llegó a $268.405 mensuales, equivalente al 14,6% de un salario promedio registrado estimado por el organismo.
Los datos nacionales del INDEC muestran la misma tendencia, aunque con una cobertura más amplia. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumuló una suba de 35,6% hasta septiembre, 12 puntos porcentuales por encima del 23,6% que registró el IPC general.
En la comparación interanual, esa división aumentó 49,1%, frente a una inflación de 33,4%. La brecha fue de 15,7 puntos.
En septiembre, además, Vivienda tuvo el mayor aumento entre las divisiones del índice, con una variación de 3,1%, por encima del 1,9% del nivel general.
La categoría de precios regulados avanzó 31,5% en los primeros nueve meses del año y 43,3% en doce meses. En ambos casos, superó el ritmo del índice general.
Sin embargo, ninguno de esos indicadores equivale en forma exacta a una medición de tarifas. La división Vivienda incorpora alquileres, expensas, mantenimiento y reparaciones, además de gas, electricidad y agua.
Regulados, por su parte, también reúne precios de prepagas, transporte, educación formal, telefonía, correo, combustibles y cigarrillos.
Según la medición del IIEP, entre diciembre y septiembre, la canasta del AMBA subió 46,3%, contra el 23,6% del IPC.
La diferencia fue de 22,7 puntos porcentuales, o dicho de otro modo, el aumento de esos gastos resultó 96% superior a la inflación general.
La distancia se mantuvo en la comparación interanual. La canasta subió 55% frente al 33,4% del IPC, una brecha de 21,6 puntos.
El transporte fue el principal motor de ese encarecimiento. En los primeros nueve meses del año acumuló una suba de 52,3% y, en doce meses, aumentó 70%. Según el informe, explicó 30 de los 55 puntos del incremento interanual de toda la canasta.
El agua acumuló un avance de 31,3% en el año; la electricidad, de 11,1%; y el gas natural, de 114,9%. La trayectoria de este último rubro está atravesada por la estacionalidad del consumo y por los cambios en los cuadros tarifarios y las bonificaciones.
La canasta de servicios públicos del AMBA bajó 7,3% en septiembre frente a agosto. Ese dato, sin embargo, no implicó una reducción de las tarifas.
El descenso respondió principalmente a una menor demanda de gas y electricidad luego de los meses de invierno.
Durante septiembre, el cargo fijo del gas aumentó 1,9% y el componente variable subió 1%.
En electricidad, el cargo fijo avanzó 1,7%, mientras que el componente variable para usuarios sin subsidio bajó 0,8%. A la vez, el gasto en transporte aumentó 2,4% y el componente variable del agua registró un alza de 2,4%.
La caída del consumo energético fue suficiente para reducir el valor final de las facturas de gas y electricidad, pese a los ajustes en los cuadros tarifarios.
La evolución mensual de la canasta puede diferir de la dinámica de las tarifas: mide gasto efectivo y combina precios con cantidades consumidas.
El nivel de subsidios todavía muestra que el proceso no terminó. Según el IIEP, los hogares del AMBA cubren en promedio el 54% de los costos de la canasta de servicios públicos y el Estado absorbe el 46% restante.
La proporción cambia según el rubro: el agua tiene una cobertura de 100%, mientras que la electricidad llega a 58%, el gas a 57% y el transporte a 35%.
Esa última diferencia ayuda a explicar el peso del transporte en el alza de la canasta. También anticipa que la trayectoria de los precios administrados puede seguir separada de la inflación general si continúa la reducción de subsidios.
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