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SUSCRIBITETambién hubo pulgar arriba para la nueva Ley de Inocencia Fiscal.
La votación de los legisladores.
La Cámara de Diputados aprobó la adhesión del país al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un trámite pendiente desde 1970 y que el Gobierno se comprometió a concretar ante los Estados Unidos.
La Cámara Baja dio su visto bueno a la ratificación del PCT por 147 votos a favor, 93 en contra y ninguna abstención y giró el asunto al Senado para su debate.
Argentina firmó en 1970 su adhesión al PCT, un sistema internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que permite pedir protección para una invención en más de 150 países con una sola solicitud, lo que simplifica la tramitación de una patente.
El Senado dio el visto bueno a la ratificación de este instrumento en 1998, pero desde entonces había quedado pendiente la aprobación por parte de la Cámara de Diputados.
El Poder Ejecutivo impulsó el debate parlamentario para la ratificación definitiva del PCT bajo el argumento de que, para incrementar su comercio internacional, Argentina debe respetar las reglas en materia de propiedad intelectual, tal como lo exigen varios socios comerciales.
De hecho, la ratificación del PCT figura como uno de los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión (ARTI) firmado con los Estados Unidos en febrero pasado.
En este acuerdo se establece que "Argentina someterá al Congreso, para su consideración y ratificación, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, suscrito en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984".
Luego de que el Ejecutivo de Milei impulsara el trámite parlamentario, los laboratorios farmacéuticos de capital argentino expresaron su rechazo al capítulo segundo del PCT que se refiere a las patentes de medicamentos.
Finamente, ese capítulo, que hubiera facilitado el acceso de medicamentos extranjeros a Argentina, fue excluido del debate parlamentario.
El oficialismo logró aprobar en Diputados la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que se busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
Luego de avanzar con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno se alzó con la segunda victoria consecutiva al alcanzar la media sanción de esta iniciativa, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.
A La Libertad Avanza lo ayudaron sus habituales aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo, mientras que en contra votó Unión por la Patria, la izquierda, un puñado de voluntades de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.
En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.
Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.
En ese contexto, se redefine el concepto de "discrepancia significativa", que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.
Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.
En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25 % las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
A su vez, el oficialismo logró aprobar con una mayoría holgada la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, definida por el presidente Javier Milei como la medida legislativa "más importante" de esta etapa de su Gobierno.
La iniciativa recogió 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones, y será girada al Senado.
El proyecto busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación.
A modo de pisar la emisión monetaria, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.
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