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SUSCRIBITESe trata de una reducción porcentual de los importes que se cobrarían a los contribuyentes.
Momento de definiciones en el organismo recaudador.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, instruir a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a que reduzca las multas previstas en la Ley de Inocencia Fiscal.
Lo hicieron mediante una carta formal publicada en la web de la entidad privada.
La misiva requiere realizar una reducción porcentual de las penalizaciones previstas en la norma recientemente aprobada por el Congreso.
En ese sentido, se le solicita al ministro que instruya a ARCA a “dictar normas complementarias que morigeren la incidencia de las multas” previstas en el proyecto de Inocencia Fiscal, a través de una “reducción porcentual de los importes”.
En el marco de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios, Caputo tiene el poder de instruir al organismo presidido por Andrés Vásquez.
“Le acercamos una propuesta de reducción porcentual de los importes fijados para las multas previstas en los artículos 38, sin número, incorporado a continuación del artículo 38, artículo 39 y primero y segundo, sin número, incorporados a continuación del artículo 39 que contemple la capacidad económica de los contribuyentes”, puntualizó CAME.
El objetivo, según detalla la propuesta, tiene el fin de “preservar al entramado PyME federal y promover su desarrollo”.
El primero pedido fue enviado el pasado 26 de diciembre, donde se refirieron al monto de las multas y su incidencia en la pequeña y mediana empresa.
La entidad que preside Ricardo Diab detalló un esquema en donde divide a los contribuyentes con sus respectivas disminuciones en las multas.
De esta manera, el diseño quedaría de la siguiente manera:
_Microempresa y persona humana (que no califique como “gran contribuyente individual”): 90%.
_Pequeña Empresa: 70%.
_Mediana Empresa Tramo I: 40%.
_Mediana Empresa Tramo II: 20%.
La requisitora de CAME se centra en los montos que se le cobraría al contribuyente en caso de no cumplir con lo dispuesto en la ley.
En particular, esos montos aumentaron hasta 1.100 veces respecto a los valores anteriores. Para las personas humanas, las multas escalan hasta los $5 millones aproximadamente, mientras que para las jurídicas es equivalente o superior a los $10 millones.
La Ley de Inocencia Fiscal introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
Asimismo, crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.
Este tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir.
Esta instancia garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.
En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).