Tenedores de los bonos “cupón PBI” ejecutaron una garantía de 313 millones de euros que Argentina había depositado en marzo del 2024.
jueves 20 de marzo de 2025
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SUSCRIBITELos demandantes se impusieron en todas las instancias judiciales.
Las consecuencias de la adulteración de datos económicos durante la gestión de CFK.
Tenedores de los bonos “cupón PBI” ejecutaron una garantía de 313 millones de euros que Argentina había depositado en marzo del 2024.
De esta manera, podrán cobrar la indemnización superior a 1.000 millones de euros dispuesta en el fallo condenatorio.
El importe ejecutado había sido puesto a disposición por el país, hace casi un año, mediante una Carta de Crédito emitida por el Banco Santander, por lo que no representa un impacto actual para las reservas.
Los fondos de inversión se impusieron en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema del Reino Unido, que confirmó el año pasado la condena a la Argentina y la obligación de pagar la indemnización de 1.330 más los intereses.
El pasado 6 de diciembre se venció el plazo dispuesto para que el país abone el monto correspondiente, sin que se cancele la deuda.
Recientemente, la Corte de Apelaciones británica dispuso acceder a la ejecución de la garantía, que se descontará del total adeudado.
El reclamo legal empezó en 2019 y se basa en el cuestionamiento a un cambio de cálculos estadísticos que implementó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante la gestión de Cristina Kirchner, lo que evitó hacer un pago a tenedores de bonos.
Los demandantes consideran que si la Argentina no hubiera modificado el método de cálculo del PBI, hubiera tenido que pagar los intereses de los cupones en los períodos que van de 2014 a 2018, así como en 2021 y 2022.
Los cuestionamientos al manejo de las estadísticas públicas en la gestión kirchnerista tienen más de un frente judicial.
Al litigio en territorio británico, también se deben considerar las demandas en Estados Unidos, que continúan abiertas.
Al respecto de la postura que debiera adoptar el país en estos casos, el especialista Sebastián Maril, sostuvo en su cuenta de X que “en 2025, Argentina deberá comenzar a tratar los fallos de los litigios internacionales como activos y dejar de mirarlos como pasivos".
“Cerrar estos juicios ayudará a mostrar al mundo que, finalmente, empezamos a cumplir con los contratos y comprometernos a respetar el Estado de Derecho, pilar fundamental para atraer inversiones”, replicó.
Al mismo tiempo, indicó que "los beneficiarios de sentencias, por su lado, deberán entender que, ayudando a Argentina, se estarán ayudando a ellos mismos”.