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SUSCRIBITELa compañía deberá realizar inversiones directas adicionales por 600 millones de dólares.
Las condiciones del anuncio.
El Gobierno nacional prorrogó por once años la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) para operar 35 aeropuertos del país, con posibilidad de extenderla otros siete años si la empresa compromete 600 millones de dólares en inversiones adicionales y cumple las condiciones previstas.
Lo hizo mediante la Decisión Administrativa 27/2026, publicada en el Boletín Oficial.
A través de la norma, se extendió hasta febrero de 2049 la concesión original que vencía en 2038.
Se estableció un plazo máximo hasta febrero de 2056, sujeto al cumplimiento de las condiciones contractuales.
Entre las obligaciones, la empresa controlada en su mayoría por la compañía Corporación América, del empresario argentino Eduardo Eurnekian, deberá invertir antes de 2031 el 75% de la inversión prevista en la anterior concesión.
La norma hace referencia al impacto de la pandemia de Covid-19 en el sistema aeroportuario global y cita la Ley Bases para fundamentar la prórroga de la concesión.
La nueva inversión comprometida será afrontada directamente por la compañía y no formará parte del esquema financiado a través del fondo fiduciario alimentado por el canon que la concesionaria abona al Estado.
El acuerdo no detalla los proyectos de infraestructura a los que se destinará la inversión.
Mediante el Decreto 1074/2026, el presidente Javier Milei se excusó de intervenir en el procedimiento debido a su vínculo profesional previo con Corporación América y delegó la competencia en el jefe de Gabinete.
AA2000, creada en 1998, opera 35 aeropuertos de Argentina -entre ellos el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza- que concentran el 90% del tráfico aéreo del país y emplea cerca de 2.800 personas.
La empresa está participada por Corporación América (45,90%) y Corporación América Sudamericana (29,75%) -firmas lideradas por Eduardo Eurnekian-, el Estado argentino (15%) y la firma Cedicor (9,35%).
El programa de inversiones de la empresa no tendrá acceso a los beneficios del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).
Las partes coincidieron que la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno de turno produjeron un desequilibrio real y extraordinario que requería un esfuerzo compartido de las partes.
La renegociación se estructuró sobre una tasa interna de retorno de referencia del 14,3%, de modo de recomponer el equilibrio económico-financiero pero ajeno a un concepto de rentabilidad garantizada.
Según el Poder Ejecutivo, ese valor plasma de manera objetiva el esfuerzo de ambas partes para alcanzar un equilibrio y su impacto positivo sobre la política económica.
Para la Casa Rosada, la empresa pretendió inicialmente extender la concesión por 30 años, prorrogables por otros 10 más, lo que la llevaba hasta 2078, pero análisis técnicos, económicos y financieros del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, la agencia reguladora oficial de la actividad aeroportuaria, determinó una extensión hasta el 13 de febrero de 2049.
A cambio, y teniendo en cuenta estándares de calidad y seguridad del servicio aeroportuario y la proyección de tráfico aéreo futuro se aumentó en US$ 600 millones -IVA incluido- la obligatoriedad de inversiones siempre manteniendo el equilibrio de la ecuación económica-financiera y su amortización.
Según la decisión administrativa, solo en función de ello se prevé una ampliación del plazo de 7 años adicionales para amortizar las obras, la que queda sujeta, en los términos previstos en el acuerdo, al cumplimiento de dos condiciones.
La primera es que antes del 30 de junio del 2027, la empresa demuestre, mediante informe de una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, contar con fondos disponibles para cumplir con un programa de inversiones de 600 millones de dólares.
La segunda es que esas inversiones estén finalizadas en al menos un 75% antes del 31 de diciembre de 2031.
