Esta semana, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, autorizó la explotación petrolera en las Islas Malvinas, elevando la tensión con la Argentina.
miércoles 14 de octubre de 2026
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SUSCRIBITECómo los procedimientos iniciados contra las compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas trasladan la disputa por los recursos al sector privado local.
La relevancia de la debida diligencia.
Esta semana, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, autorizó la explotación petrolera en las Islas Malvinas, elevando la tensión con la Argentina.
El anuncio llega pese a la decisión del presidente Javier Milei de llevar la discusión al Tribunal del Mar.
La autorización para el desarrollo del yacimiento petrolero Sea Lion fue confirmada por Navitas, la compañía israelí que lidera el proyecto junto con la inglesa Rockhopper.
El proyecto, según las estimaciones citadas por las empresas, podría empezar a producir el próximo año y alcanzar una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios.
En este escenario, el Gobierno nacional presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud formal de medidas provisionales para intentar detener el avance de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
Argentina formuló cuatro requerimientos al organismo internacional, que incluyen impedir nuevas actividades hidrocarburíferas, restringir el uso de información obtenida durante las exploraciones, preservar el medio marino y evitar que el Reino Unido otorgue nuevos permisos para explotar recursos naturales en la zona.
En una entrevista con Somos Pymes, Paula Cortijo, abogada especializada en compliance, ética corporativa y gestión de riesgos en cadenas de valor, explicó cuál es el peligro de que se profundice el conflicto entre accionistas, proveedores y contratistas, y qué discusión plantea para las cadenas de valor de Vaca Muerta, la minería y otros negocios estratégicos.
La fundadora y CEO de Transparencia Latam resaltó que la cuestión "dejó de ser un asunto reservado a la política exterior y la defensa".
"Las decisiones vinculadas con la explotación de recursos naturales también pueden generar consecuencias para empresas, inversores, accionistas, proveedores y contratistas", advirtió.
Y señaló: "El Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios contra personas y compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas y sus espacios marítimos circundantes".
"El alcance informado incluye a empresas que participen directamente de esas actividades, a sus accionistas y a compañías que les prestan servicios. Esto amplía el alcance de la situación y puede involucrar a actores que no participan directamente de la explotación", aclaró Cortijo.
En ese sentido, la experta ilustró que "en septiembre se anunciaron 15 nuevos procedimientos, que se sumaron a los 45 comunicados días anterior. En total, son 60 personas y entidades alcanzadas por las actuaciones informadas oficialmente. Son investigaciones en curso y las sanciones todavía no están firmes para todos los involucrados".
La medida se apoya en la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la plataforma continental.
La norma contempla multas, inhabilitaciones, suspensión de actividades y consecuencias específicas para las personas jurídicas.
"El dato más relevante para las empresas es el alcance de la investigación: la exposición puede extenderse más allá de quien opera directamente un proyecto", detalló Paula.
Según Cortijo "una empresa puede quedar vinculada con una operación a través de sus accionistas, proveedores, contratistas, financiadores o socios comerciales. Esa posibilidad obliga a revisar cómo se analiza una relación de negocios".
"Durante mucho tiempo, la debida diligencia se concentró en verificar la existencia legal de un proveedor, pedir cierta documentación y revisar antecedentes básicos", dijo la letrada.
"Situaciones como la de Malvinas, junto con la evolución de las regulaciones internacionales y de los estándares de gestión, muestran que las empresas deben prestar cada vez más atención a su cadena de valor", continuó.
Y postuló: "La debida diligencia permite conocer a los socios de negocio, anticipar riesgos y mejorar la calidad de las decisiones empresariales. También ayuda a fortalecer los ecosistemas de los que depende una operación".
"Las empresas necesitan conocer quiénes son los beneficiarios finales de sus contrapartes, qué sociedades integran sus grupos económicos, en qué proyectos participan, qué actividades desarrollan sus propios proveedores, qué riesgos presentan y qué medidas aplican para mitigarlos", especificó.
"También deben contar con mecanismos para detectar cambios: una relación comercial que parecía adecuada al momento de la contratación puede quedar expuesta por una sanción, una investigación, una modificación normativa o un cambio en la estructura societaria de un tercero", completó.
En cuanto al verdadero impacto a nivel local, Paula pronunció: "El caso muestra cómo un riesgo originado en una operación puede extenderse a través de su estructura societaria y su cadena de servicios, aunque los proveedores de Vaca Muerta o de la minería no queden automáticamente alcanzados por las mismas medidas".
"Vaca Muerta, la minería, la energía y la infraestructura reúnen proyectos de gran escala, múltiples contratistas y relaciones comerciales que atraviesan distintas jurisdicciones", graficó.
"En ese contexto, una empresa operadora depende de una red de proveedores técnicos, logísticos, financieros, ambientales, tecnológicos y profesionales. Cada uno de esos actores puede incorporar riesgos al proyecto", precisó la abogada.
Y sentenció: "Una situación legal irregular, un incumplimiento ambiental, una denuncia laboral, una estructura societaria opaca o una relación con una entidad sancionada puede afectar la continuidad de un contrato, una auditoría, una decisión de financiamiento o la reputación de toda la cadena".
Sobre este aspecto, Cortijo identificó que "los grandes operadores buscan proveedores que puedan demostrar algo más que capacidad técnica".
"Necesitan conocer su estructura, su situación patrimonial, sus antecedentes, sus controles internos y la forma en que gestionan a sus propios subcontratistas", afirmó.
"La debida diligencia de cadena de valor también empieza a ser una condición para las empresas medianas y pequeñas que buscan ingresar a estos mercados", enfatizó al respecto.
Y advirtió: "Muchas empresas quieren convertirse en proveedoras de grandes compañías energéticas, mineras, industriales y de infraestructura. Para lograrlo, la capacidad técnica es indispensable, pero también cuenta la posibilidad de demostrar cómo funciona la empresa y qué riesgos tiene bajo control".
Los procesos de evaluación y aprobación de proveedores pueden incluir información societaria, financiera, laboral, ambiental y de integridad.
En el sector minero, incluso existen registros y programas específicos orientados al desarrollo de proveedores y a la conducta empresarial responsable.
"La propia Cancillería reconoce la debida diligencia como una herramienta para fortalecer las cadenas de suministro, gestionar la incertidumbre y generar valor sostenible", manifestó la CEO de Transparencia Latam.
Y agregó: "Para una empresa proveedora, prepararse para ese proceso puede definir su acceso a una oportunidad comercial. Importa si puede prestar un servicio y también si puede acreditar quiénes son sus socios, cómo gestiona a sus terceros, qué controles aplica y cómo responde frente a un incumplimiento".
Si mañana llega una auditoría o una investigación, ¿qué preguntas debería poder responder un directorio? "Debe poder explicar cómo evaluó sus relaciones comerciales", respondió la especialista.
"Los directorios y las áreas ejecutivas deberían conocer las respuestas a preguntas básicas: ¿quiénes son los beneficiarios finales? ¿Se revisaron los vínculos directos e indirectos? ¿Se analizaron los antecedentes de los proveedores críticos? ¿Existen cláusulas para actuar ante un incumplimiento? ¿Hay un responsable de monitorear cambios? ¿La empresa puede demostrar qué información tuvo en cuenta antes de tomar una decisión?", argumentó.
"La trazabilidad importa porque permite distinguir entre una organización que afirma gestionar sus riesgos y otra que puede acreditar cómo lo hizo. Esto requiere coordinación entre las áreas de compras, legales, compliance, finanzas, sostenibilidad y negocio. También exige actualizar la información durante la relación, especialmente en proyectos de alta exposición", esgrimió Cortijo.
"Todas las relaciones comerciales no requieren el mismo nivel de análisis, y el criterio debe ser proporcional al riesgo. Una empresa que contrata un servicio menor no enfrenta la misma exposición que una compañía que participa en un proyecto energético, accede a beneficios fiscales o integra una cadena de suministro estratégica", destacó.
Para Cortijo, "es una responsabilidad compartida que involucra a las grandes compañías y también a las empresas proveedoras. Los operadores deben definir expectativas claras y controles proporcionales".
"Los proveedores deben prepararse para responder con información confiable y demostrar que conocen sus propias relaciones comerciales", alertó.
"La debida diligencia debería formar parte de la estrategia de las empresas que buscan integrarse a negocios de energía, minería e infraestructura, y anticiparse a una crisis, una investigación o una auditoría de un cliente", aseveró la entrevistada.
¿Qué le deja Malvinas a una empresa que no tiene nada que ver con las islas? "Muestra que una decisión vinculada con recursos naturales puede tener consecuencias para una red amplia de actores", señaló Paula.
"Esa realidad ofrece una enseñanza aplicable a cualquier sector estratégico: una empresa debe conocer el contrato que firma y también el contexto, la estructura y los riesgos que acompañan a la relación", exclamó.
Y trajo a colación: "Para quienes buscan participar en los grandes negocios de energía, minería e infraestructura, la debida diligencia de cadena de valor será cada vez más parte de la competitividad".
"Conocer a los socios, proveedores y contratistas permite anticipar problemas, proteger la continuidad del negocio y construir confianza. En mercados de alta exigencia, esa capacidad puede definir quién logra ingresar a una cadena y quién queda afuera", concluyó la Autora de Integridad Sostenible, publicado por la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas.
Cortijo creó en 2017 Transparencia Latam, una consultora regional especializada en integridad corporativa, compliance y sostenibilidad.
Lleva más de 17 años asesorando a empresas multinacionales, combinando formación técnica internacional con mirada estratégica orientada al impacto real.
Se formó en el Basel Institute on Governance (Suiza) y en Estados Unidos. Y durante diez años fue Head Compliance Officer para toda Latinoamérica en Lafarge-Holcim, líder mundial en suministro de cementos y áridos.
Desde Transparencia Latam lanzó Linking Values, la primera plataforma latinoamericana, basada en blockchain, para la evaluación de proveedores y la gestión de riesgos en cadena de valor: derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción.
