Desde el lunes está en funcionamiento la norma 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral que, entre otras cosas, la cual insta a las empresas a poner en blanco a sus trabajadores.
El Gobierno promulgó la ley de trabajo registrado
El decreto lleva las firmas de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
La ley fue craneada en pos de reactivar el empleo registrado -una de las cuentas pendientes del Gobierno en estos últimos años-, en el marco de problemas que surgieron en el mercado laboral por suspensiones y despidos debido a la caída de la actividad económica.
Esta ley apunta a "solucionar el problema de las empresas más vulnerables", y "poner justicia para que el trabajador tenga aportes jubilatorios, asignación familiar, cobertura por accidente o desempleo y fundamentalmente, un salario justo", afirmó Capitanich.
La norma habilita la creación de un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en la órbita del Ministerio de Trabajo, en el que se incluirán y publicarán las sanciones firmes contra las empresas.
Ese registro será de acceso libre y público desde un dominio dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se actualizará periódicamente.
Las sanciones que se publicarán son las que pudieren aplicar la cartera laboral, la Administración Federal de Ingresos Públicos, las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Entre esas penalizaciones se destaca la impuesta por infracciones a la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 26.390 y a la ley 26.847, según la normativa publicada en el Boletín Oficial.
También estipula la publicación de las sentencias condenatorias emitidas por la Justicia por infracción a la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
Con otro decreto, el Ejecutivo también promulgó la Ley 26.941, aprobada el mismo día, que es una modificación del artículo 5° de Capítulo 2 del Anexo II "Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales" al Pacto Federal del Trabajo y artículo 8° del Capítulo 4 "Disposiciones Comunes" del mismo anexo.
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