La Cámara Federal ordenó estudiar la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, por el decreto que avaló el entendimiento comercial por el cual la petrolera estadounidense puede operar en el megayacimiento de Vaca Muerta.
La Justicia investigará a la Presidente por el acuerdo entre YPF y Chevron
La Sala II de la Cámara anuló el dictamen fiscal por el cual se había desestimado la denuncia contra la Presidente por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa.
Diputados de la "Nueva Izquierda" denunciaron a la mandataria por el decreto 929/2013, pero el fiscal Eduardo Taiano desestimó la causa por considerar que no había delito para investigar.
A través de ese decreto se creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y la denuncia sostiene que esa norma se sancionó "con la clara intención de beneficiar" a Chevron en la explotación del yacimiento e hidrocarburos no convencionales situado en la provincia de Neuquén.
La jueza María Servini de Cubría anuló el dictamen del fiscal y ahora esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal.
"El dictamen cuestionado no está motivado en la ley ni en la totalidad de las constancias incorporadas, impidiendo ello considerarlo una derivación razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa", argumentaron los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun.
El fiscal rechazó la denuncia porque en la causa no hay "irregularidad o inobservancia legal", lo que hace "descartar la tipicidad de las conductas denunciadas", pero para la Cámara eso "sólo pone de manifiesto que, en rigor, existe -al menos- una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado".
Por su parte, el camarista Eduardo Farah avaló el rol de contralor de la Fiscalía sobre las denuncias penales y votó por mantener el dictamen del fiscal.
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