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SUSCRIBITE El Estado nacional presentó el martes una solicitud para que el máximo tribunal revea un fallo judicial que obliga al país a pagar 1.330 millones de dólares a los "holdouts" que rechazaron ofertas de canje de deuda impaga tras el default del 2002.
Esta es la reacción argentina a la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que el 18 de noviembre negó un último recurso del país.
El Gobierno nacional aclaró que la presentación busca que la Corte Suprema de Estados Unidos "revise las decisiones erróneas de los tribunales inferiores que prohíben" a Argentina cumplir con "el pago de los cupones de deuda" de las acreencias que están siendo honradas puntualmente.
El cumplimiento del fallo de la corte de apelaciones estadounidense fue suspendido, pero, de aplicarse, obligaría al Estado a usar parte de los recursos dirigidos a los acreedores que ya aceptaron las reestructuraciones de sus deudas.
En caso de que esa sentencia permanezca firme, dejaría a la tercera economía latinoamericana nuevamente al borde del default técnico y sentaría un muy mal precedente para otras naciones que entraron en cesación de pagos.
Argentina afirmó que las decisiones previas de la justicia estadounidense "violan" su soberanía "al intentar coaccionarla a pagar a los demandantes con reservas que gozan de inmunidad soberana".
El país hace frente a sus compromisos de deuda en divisas con privados utilizando las reservas de su Banco Central.
El caso de Argentina versus los fondos NML y Aurelius continuó en la justicia de Estados Unidos debido a que estos acreedores rechazaron las reestructuraciones ofrecidas por el país en el 2005 y en el 2010, que permitieron normalizar con fuertes quitas un 93 por ciento de los títulos incumplidos en el 2002.
Los fondos buitre NML y Aurelius eligieron litigar para buscar recuperar la totalidad de sus tenencias, que obtuvieron en la compra de bonos a precios ínfimos.