La Administración Federal de Ingresos Públicos denunció a ocho titulares de tres talleres textiles de la Ciudad de Buenos Aires, quienes fueron detenidos y procesados por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre.
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SUSCRIBITELa Administración Federal de Ingresos Públicos denunció a ocho titulares de tres talleres textiles de la Ciudad de Buenos Aires, quienes fueron detenidos y procesados por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre.
El organismo informó que gracias a la investigación, se citaron como imputados a los dueños de las marcas de ropa M51, Narrow, Berry Blue y Zurah Jeans.
"Hemos detectado condiciones de trabajo inadmisibles. Al no registrar a los empleados, se están evadiendo las cargas sociales y se están condenando a estas personas a no tener un trabajo digno, cobertura médica y acceso a una futura jubilación", puntualizó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en un comunicado.
La Justicia pidió la indagatoria para Silvia Bollada y Silvio D Amore, presidente y accionista de Vidatex, y a Sergio Alejandro Garber y César Fernando Fucks, socios gerentes de Research Textil, ambas firmas fabricantes de la marca Narrow.
También a Aldo Mario Rodríguez, presidente de Indu Jeans, que comercializa la marca M51 de jeans y camisas; a Rodrigo Garro, socio gerente de Hermanos Garro; a Juan Carlos Paravicini y Ernesto Ponzini, socios gerentes de Kroppo, que venden Zurah Jeans y a Yim Chamg Yul, titular de la marca Berry Blue, detalló el ente recaudador.
AFIP aclaró que Narrow posee más de 100 locales en todo el país y emplea a 87 trabajadores registrados entre las dos firmas que explotan la marca. Mientras que M51 cuenta con 82 empleados, mientras que Berry Blue tiene 6 y Zurah Jeans 5.
Los trabajadores explotados eran de nacionalidad boliviana y los talleres se encontraban todos en el barrio de Parque Chacabuco, señaló la AFIP, quien a la vez resaltó que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 dispuso la citación a indagatoria de los titulares de las marcas reconocidas.
A ellos se les imputa que explotaron laboralmente a 57 personas, "beneficiándose económicamente en razón del bajo monto abonado a la mano de obra, todos extranjeros y en situación irregular, quienes fabricaban las prendas de vestir por ellos comercializadas", sostuvo el ente recaudador.