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SUSCRIBITE El fiscal federal Jorge Di Lello solicitó el jueves la indagatoria del vicepresidente de la Nación, así como del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública relacionadas a la intervención de ambos en la venta de la empresa ex Ciccone Calcográfica.
A dos años de iniciarse la causa, en febrero de 2012, el abogado que representa al Estado en la causa también llamó a declaración indagatoria al socio y amigo del vicepresidente José María Núñez Carmona, y del abogado Alejandro Vandenbroele.
Vandenbroele -sindicado como testaferro de Amado Boudou-, en nombre de la firma The Old Fund, adquirió la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), luego de conseguir un dictamen a favor del Ministerio de Economía -cuando el actual vice estaba a cargo de esa cartera- para que se le levantase la quiebra.
El pedido del fiscal incluye a Nicolás Ciccone, entonces dueño de la empresa antes de cambiar de manos; de su yerno Guillermo Reinwick; de Rafael Resnick Brenner, jefe de Asesores de la AFIP, y de Máximo Lanusse, quien acompañó a Vandenbroele en The Old Fund.
A Ciccone y Reinwick, el juez Ariel Lijo los tomó como querellantes en el caso, o sea víctimas, con lo cual podría haber una primera discrepancia evidente entre lo que pidió Di Lello y lo que dispone el juzgado; y lo mismo en el caso de Echegaray, quien incluso había sido convocado el año pasado como testigo.
En 2013, ambos declararon, en calidad de testigos, que Boudou intervino en las negociaciones por la venta de Ciccone y que fueron obligados a vender; luego el juez Lijo los aceptó como querellantes.
El pedido de indagatoria también alcanzó a Pablo Amato, ex yerno de Ciccone y Director de la Compañía de Valores Sudamericanas (CVS); de Sergio Gustavo Martínez y Jorge Capirone, ambos de The Old Fund.
En la misma presentación, el fiscal pidió la citación como testigo del banquero Jorge Brito, titular del Banco Macro, así como de integrantes de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Ltda porque considera "necesario ahondar respecto al origen de los fondos que permitieron a la empresa The Old Fund aportar el dinero suficiente para lograr el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica SA y su posterior acogimiento a un plan de facilidades de pago a fin de cancelar la deuda que tuviera esta con la Administración Federal de Ingresos Públicos".
Di Lello recordó los préstamos otorgados por Banco Macro y al acreditarse que entre 2011 y 2012 "la Cooperativa firmó préstamos con garantías de mutuos a favor del Asociado The Old Fund".
Para el fiscal, el hecho imputado es que "con fondos cuyo origen fueron puestos en duda", Vandenbroele y Martínez adquirieron Ciccone para luego firmar un contrato directo con el Estado Nacional y quedarse con el monopolio de la impresión de billetes. Según agregó, en esa instancia intervino Boudou porque se "habría interesado en la operación comercial".
El 12 de julio de 2010 la AFIP pidió a un juzgado comercial la quiebra de Ciccone, que fue decretada, pero en agosto del mismo año el organismo, tras un pedido de la familia, se mostró dispuesto a otorgar un plan de facilidades de pagos. Ese hecho es el que compromete a Echegaray.
Sobre la relación de Boudou y Vandenbroele, el fiscal recordó que un departamento del cual es titular el Vicepresidente fue alquilado a Fabián Carosso Donatiello, socio de Vanderbroele en la sociedad Agroibérica de Inversiones SA.
Di Lello explicó que lo que se investiga el "accionar de un funcionario público y el ejercicio de una influencia jerárquica sobre autoridades competentes para que se expidan de acuerdo con el interés buscado".
Tras conocerse la noticia, el mandamás de la AFIP afirmó que cumplió con lo que determina la ley en la causa de la ex Ciccone y solicitó al juez que resuelva su situación en el proceso que continúa luego de dos años.
El accionar del fisco permitió "cumplir con su mandato legal: cobrar la deuda tributaria", aclaró Echegaray en ese sentido, en un escrito a la Justicia.
Tal como se puede observar, el funcioanrio destacó que su "accionar fue dentro del marco legal de la ley de procedimiento tributario" al otorgar un plan de pagos en base a lo que establece el artículo 32 de la norma, que no habilita la "quita de intereses, multas o accesorios".
Además, solicitó que "se resuelva mi situación procesal" ya que no queda claro cuál es su estado: "si soy un auxiliar de la justicia, testigo - como V.S. recientemente me citó- o imputado -como consideró el Fiscal actuante y los Dres. PIROTA y DURAÑONA, o seré indagado -como ahora lo requiere el Fiscal-.