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SUSCRIBITE La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (SUNDDE) -entidad recién creada por la administración de Nicolás Maduro-, inició el lunes la capacitación de esa cantidad de personas para que se ocupen de supervisar a partir del viernes la ley pensada para detener la inflación del país con mayor costo de vida de la región.
"Hoy estamos iniciando un taller especialísimo para quienes van a ser los fiscales y las fiscalas a esta nueva superintendencia, quienes se van a desplazar por todo el territorio nacional a velar que cada uno de los artículos, cada una de las disposiciones de esta ley se cumpla", dijo la presidenta de la SUNDDE, Andreína Tarazón.
La funcionaria anunció que los 480 hombres y mujeres serán juramentados el próximo jueves para que, a partir del viernes, inicien un recorrido por todo el país "a velar por el cumplimiento de la ley" que establece un límite de ganancia máximo para las empresas de 30%.
"Junto a nuestro pueblo comenzaremos una ofensiva nacional para velar que realmente este instrumento se esté cumpliendo para sancionar con todo el peso de la ley a aquellos empresarios y comerciantes que no se adapten a esta nueva normativa", anunció efusivamente Tarazón (foto). E instó a los comerciantes a dejar de la do la especulación y a acoplarse a las medidas.
El viernes pasado entró en vigor la Ley de Precios Justos, un instrumento para controlar los precios y acabar con los faltantes de productos, con una batería de medidas que van desde la prohibición de márgenes de ganancias superiores al 30% hasta penas de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores.
El presidente Maduro aprobó la norma en noviembre pasado a través de una ley Habilitante, usando entonces por primera vez un mecanismo por el cual puede legislar sin control parlamentario.
El Tribunal Supremo ratificó la iniciativa y le dio carácter orgánico, por lo que la medida ya se puede poner en práctica.
En Argentina, el Gobierno nacional utilizó a la militancia kirchnerista para controlar las tarifas acordadas dentro del congelamiento de precios impulsado por Guillermo Moreno en el 2013. La medida no resultó, por lo que la Casa Rosada recurrió a un nuevo acuerdo anual en 2014 y llamó a los consumidores a denunciar los establecimientos que no cumplan con el mismo.