La diputada provincial por el kirchnerismo Alicia Sánchez defendió su propuesta de exigir a los barrios privados bonaerenses que cedan tierras con un propósito social, al sostener que así se resolverá "el gran problema habitacional" de la Provincia.
Defienden el proyecto que involucra ceder tierras de countries para viviendas sociales
Los dichos contrastan con la opinión de empresarios del sector inmobiliario, quienes recomendaron "analizar con mucho cuidado" esta iniciativa. Se trata del proyecto de ley de "acceso justo al hábitat", que plantea que nuevos countries o barrios cerrados bonaerenses deban donar tierras o fondos para la compra de terrenos donde se puedan construir viviendas sociales.
Para la legisladora bonaerense, la iniciativa busca resolver "el gran problema de déficit habitacional que hay en la provincia de Buenos Aires. El proyecto contempla la regularización dominial, la producción de suelo urbano y escrituración social. En la provincia de Buenos Aires hay mil villas y asentamientos que quedaron de épocas pasadas", subrayó.
En declaraciones radiales, Sánchez indicó: "lo que promueve este proyecto es la escrituración social de todas estas familias que viven allí hace años. Los núcleos habitacionales habría que trasladarlos".
Además, expresó que los desarrolladores inmobiliarios "no tienen que donar nada, tienen que devolver al Estado lo que usufructúan de todas las obras en las que el Estado invierte, por ejemplo, en asfalto o equipamiento de servicios".
"Deberán pagar con una donación de tierra o efectivo que se usará para hacer viviendas populares. Y como no quieren que los sectores populares les estén cerca, habrá que hacer una inversión para comprar en otro lado", señaló la diputada bonaerense, esposa del dirigente ultrakirchnerista Luis D´Elía.
Por su parte, el presidente de Nordelta, Eduardo Constantini, afirmó que a la propuesta de la legisladora oficialista "hay que manejarla con mucho cuidado y analizar la razonabilidad de la compensación. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando un desarrollador pide un permiso de construcción, el municipio del lugar pide un contravalor. Y ese contravalor va destinado al municipio".
"Por eso, no me parece que se pueda legislar haciendo una diferencia entre un desarrollo privado y uno abierto. Lo que hay que tener en cuenta es qué efecto positivo da a la sociedad este tipo de urbanización", enfatizó.
Constantini explicó que Nordelta es un emprendimiento que "fue aprobado por una ley de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un desarrollo para construir una ciudad".