La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional la cláusula de desinversión de la norma impulsada por el Gobierno nacional.
La SIP se mostró en contra del fallo de la Corte sobre la Ley de medios
"La sentencia de la Corte, de hecho, habilita al Poder Ejecutivo a aplicar su objetivo político de desguazar el Grupo Clarín, limitando severamente sus márgenes de acción", señaló en un comunicado de la organización de los dueños de los multimedios más importantes de toda la región.
La SIP aclaró que respetaba "la resolución de la Corte pero no la compartimos, especialmente teniendo en cuenta el estado de la libertad de expresión en Argentina".
Para el organismo, la situación de la libertad de expresión en Argentina se ha "deteriorado a raíz de permanentes ataques del gobierno contra las voces críticas e independientes", dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo.
El Gobierno nacional, según la SIP, "ha hecho de sus continuos ataques contra el diario Clarín y los medios audiovisuales que posee, un objetivo político de primer orden, al extremo de que en actos o viajes oficiales los funcionarios, incluyendo la presidente Kirchner, portan globos, banderas y adhesivos con la frase 'Clarín miente'".
"Para la SIP, no es dable analizar esta sentencia fuera del contexto de permanente presión que el gobierno argentino ha aplicado por todos los mecanismos posibles sobre los medios y periodistas independientes o críticos", recordó Paolillo, director del semanario Búsqueda de Montevideo.
El fallo de la Corte Suprema Argentina del martes "surge en medio de una situación de ahogo económico impulsado por el gobierno contra la prensa independiente o crítica, mediante un manejo arbitrario de la millonaria publicidad oficial y la presión sobre los anunciantes privados para que no avisen en los medios que disgustan al oficialismo",
indicó la entidad.
La SIP recordó que hay sentencias de esta misma Corte sobre la distribución arbitraria de la publicidad oficial, destinadas a preservar la vigencia de la libertad de prensa, que no son cumplidas por el Poder Ejecutivo, en un claro acto de desacato.
La Corte asignó al Estado un papel "incuestionable" para la "protección activa" de la pluralidad, según la Sociedad Interamericana de Prensa.
"También es incuestionable la realidad fáctica que muestra una fuerte concentración comunicacional hegemónica oficialista, con el descarado uso de los medios públicos para la propaganda gubernamental y la concesión de estaciones de radio y televisión a empresarios amigos del poder", señaló Paolillo.