La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) solicitó una nueva de la vigencia de la emergencia pública sanitaria.
Piden prolongar la suspensión de juicios de ejecución fiscal
Eso posibilitaría la suspensión de nuevos juicios de ejecución fiscal y medidas cautelares.
Causas del reclamo
La requisitoria surge ante la "difícil situación económica y financiera que atraviesan las empresas" prestadoras de salud, explicó la entidad.
A través de una nota dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa, la CAC solicitó la extensión de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2024.
La organización "considera que la extensión de la emergencia sanitaria es esencial para ampliar la suspensión de la iniciación de juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares para empresas del sector salud; evitando así un colapso de las empresas y consecuentemente de la atención a un amplio sector social", expresó a través de un comunicado de prensa.
Asimismo, graficaron que al "durísimo embate" que significó la llegada del Covid-19 se sumaron dificultades estructurales de la economía nacional.
Consecuencias de la pandemia
"A fin de garantizar el normal desempeño y funcionamiento de los establecimientos, instituciones y demás prestadores, se solicita prorrogar la emergencia sanitaria, por lo menos, hasta el 31/12/2024; e instruir a la AFIP a que, una vez vigente la norma, se amplíe por el mismo lapso la validez de la R.G. N° 5154/2022 y que se abstenga de iniciar juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares mientras se tramite la mencionada disposición", manifestó.
El 30 de diciembre, a través del decreto 863/2022, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023 la emergencia pública en materia sanitaria establecida en la Ley 27.541, y extendida por el Decreto 260/2020, a raíz de las consecuencias e impacto generados por la pandemia de la Covid-19.
Durante los dos años de pandemia se registraron demoras e interrupciones en la continuidad de la atención en salud en todos los niveles a nivel mundial.
En Argentina, bajó casi el 50% la atención de pacientes ambulatorios y alrededor del 60% cancelaron sus prácticas médicas y diagnósticas.