El Gobierno nacional decidió correr el aumento de los impuestos a los combustibles líquidos para evitar que el ajuste se traslade a los precios de las naftas e impacte en la inflación.
domingo 22 de marzo de 2026
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SUSCRIBITE El Gobierno nacional decidió correr el aumento de los impuestos a los combustibles líquidos para evitar que el ajuste se traslade a los precios de las naftas e impacte en la inflación.
Además, estableció que esa suba comenzará a regir a partir de septiembre próximo, según el Decreto 285/2022, publicado en el Boletín Oficial.
La decisión contó con las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Juan Manzur y del ministro de Economía, Martín Guzmán.
Los incrementos en los montos del impuesto que resulten de las actualizaciones correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres de 2021, y al primer trimestre de 2022, surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 1° de septiembre de 2022, de acuerdo con el texto oficial.
Los montos deben actualizarse por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), considerando las variaciones acumuladas de ese índice desde enero de 2018, inclusive.
El Poder Ejecutivo resaltó que tratándose de impuestos al consumo, "y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles".
Por ese motivo, explicó que la nueva postergación se aplicó "con el fin de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios" en el mercado de combustibles.
El último cambio en los precios al surtidor se aplicó a principios de este mes y fue del 9%, de acuerdo con lo decidido por las petroleras que operan en el mercado local.
En lo que va del año, los valores de los combustibles aumentaron tres veces, con una suba acumulada del 30 por ciento.
Analistas estiman que el atraso que tiene la actualización del impuesto a los combustibles y al dióxido de carbono es superior al 50%, porcentaje que, de aplicarse, impactaría directamente en los precio al surtidor.
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