El entendimiento del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional requiere la reducción de los que llegan a 3,4 puntos del PBI.
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El acuerdo con el FMI también implica una merma en la asistencia a empresas estatales
Esta cifra tiene en cuenta un aumento en las tarifas de servicios y la eliminación de la asistencia económica a las firmas del Estado.
Se trata del "pago de salarios y proveedores de empresas estatizadas, como los trenes, Aysa, Aerolíneas Argentinas, Río Turbio, Correo Argentino, o las creadas para hacer frente a un desabastecimiento, como la ex – ENARSA (hoy Integración Energética) y otras empresas estatales".
Detalle de los recortes venideros
Al respecto, un informe del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDESA) rotuló los subsidios económicos en las siguientes categorías:
-Al consumo de servicios públicos, 1,8% del PBI
-A la producción de servicios públicos, 0,4% del PBI
-A las empresas públicas nacionales, a 1,2% del PBI
En consecuencia, el ajuste de las tarifas representaría poco más de la mitad de las necesidades de financiamiento del déficit que el Tesoro debe compensar.
Para la consultora, "una manera de dimensionar la flagrante inequidad social que suponen las empresas del Estado es comparar el 1,2% del PBI que reciben de subsidios con el 0,6% del PBI que el Estado nacional asigna a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Es decir, por cada $1 que se destina al principal programa social que administra el Estado, se asignan $2 a las empresas públicas nacionales. Si se consideraran otros privilegios que tienen las empresas públicas (como no pagar todos los impuestos) la inequidad es todavía mayor.
El rol de las firmas del Estado
IDESA esgrimió que "las empresas públicas son administradas en función de los intereses de sus proveedores y sindicatos".
Y graficó: "Sus desequilibrios no siempre se originan en insuficiencia de las tarifas sino en la mala administración, sobreprecios a sus proveedores, exceso de personal y salarios totalmente desalineados con los que cobran los trabajadores del sector privado".
"Son una enorme e irritante fuente de privilegios y corrupción", resaltó el informe privado.
Insiste en que "el desafío no se reduce a actualizar las tarifas contemplando subsidios focalizados en las familias de bajos ingresos. Más importante es terminar con el desvío de fondos públicos a las empresas del Estado".
El estudio tomó en cuenta datos de ASAP y del Ministerio de Economía correspondientes al año 2021.
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