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Marcha atrás del Gobierno con una norma que afectaba a los gremios 

En plena campaña electoral y en medio de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Gobierno envió una señal de concordia al sindicalismo al derogar una normativa que apuntaba a caducar gremios con escasa actividad o debilidades administrativas.

La resolución fue interpretada como un mecanismo de la administración de Mauricio Macri para no ser amonestada por el órgano multilateral que sesiona en la ciudad suiza de Ginebra.

Lo hizo a través de la resolución 751 de la Secretaría de Trabajo, difundida ayer durante las deliberaciones de la OIT, mediante la cual quedó derogada una norma que había firmado a fines de 2017 el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Aquella disposición, la 17/2017, de la Dirección de Asociaciones Sindicales, consagraba una suerte de purga al excluir del registro de inscripciones gremiales a las organizaciones que no hubiesen acreditado actividad en los tres años previos. Y les daba un plazo de 60 días para regularizarse.

La ley de Asociaciones Sindicales contempla en la Argentina dos niveles de reconocimiento por parte del Estado: la personería gremial, que consagra el monopolio de representatividad al brindarles a los incluidos plenos derechos para accionar en un conflicto o negociación colectiva, potestad de recaudación de cuota de afiliación y la retención de fueros para sus delegados, entre otras prerrogativas.

El siguiente escalafón, de menor jerarquía, es la inscripción gremial: consiste en un mero trámite de reconocimiento a cualquier entidad sindical con la presentación de avales mínimos pero que en la legislación no otorga mayores facultades.

La diferenciación entre unos y otros, sin embargo, mereció cuestionamientos a los gobiernos argentinos vía la OIT y hasta fallos contrarios por parte de la Corte Suprema. Para ambas instancias (al menos en la anterior composición del tribunal) no deberían existir mayores distinciones a la hora de dotar a los trabajadores de herramientas para su defensa ante los empleadores.

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Pero si la divisoria legal ya era motivo de objeciones para la Argentina, la disposición 17 amenazaba directamente con poner al país en la mira de la actual conferencia de la OIT.

La había ordenado Triaca a su equipo como uno de los varios mecanismos para cercar a los gremios disidentes que aplicó en su gestión. Su sucesor, Dante Sica, y el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, dieron marcha atrás con la nueva resolución, de fecha 6 de junio pero dada a conocer en Ginebra ayer mismo.

La CTA de los Trabajadores, que encabeza Hugo Yasky, de extensa participación en foros internacionales, celebró la marcha atrás en la medida por entender que su vigencia “atentaba contra la libertad sindical y amenazaba la continuidad de numerosas organizaciones gremiales que representan a trabajadores que hasta el momento no tenían garantizado ese derecho”, dijo el docente Roberto Baradel, número dos de la organización.

El docente consideró que se trató de “un logro del movimiento sindical que se produce cuando se está discutiendo en la OIT la lista de casos que van a ser tratados en la Comisión de Normas por la gravedad de la violación de los derechos laborales”.

En los considerandos de la resolución el Ejecutivo admitió que durante su vigencia la disposición no tuvo “la operatividad y los efectos esperados al momento de su dictado” y añadió que el artículo 14 bis de la Constitución “establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurará al trabajador, entre otras, la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

Fuente: Mariano Martín / ambito.com