Quedan apenas unos 10 días hábiles para que se termine el año y el Gobierno todavía no definió cómo se va a pagar el Impuesto que regirá desde el 1 de enero de 2019.
domingo 22 de marzo de 2026
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SUSCRIBITE Quedan apenas unos 10 días hábiles para que se termine el año y el Gobierno todavía no definió cómo se va a pagar el Impuesto que regirá desde el 1 de enero de 2019.
El decreto mediante el cual se reglamentará el tributo ya está redactado, pero se demoran las firmas del presidente Mauricio Macri, y del ministro Nicolás Dujovne, cuenta Carlos Lamiral en una nota para ambito.com.
Bonos públicos, plazos fijos, Fondos Comunes de Inversión, Obligaciones Negociables y Letes estarán alcanzados por el 5% si son en pesos, y por el 15% si son en dólares o indexados por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) o CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia). Se trata de rendimientos que superen los $67.000.
En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dicen estar a la espera de la medida. Pero anticipan que la resolución del organismo, que en última instancia determina cómo se tiene que pagar, podría ser publicada en los primeros días del año próximo.
La primera parte del polémico impuesto se puso en marcha a principios de este año. Es lo que corresponde a residentes del exterior. Tras su implementación, se produjo la primera gran corrida de inversores contra el peso, a fines de marzo. Muchos salieron de sus posiciones en bonos y diferentes instrumentos como las Lebac, para no pagar el tributo.
El Impuesto a la Renta Financiera nació como una condición del Frente Renovador al Gobierno para aprobar la reforma fiscal a fines de 2017.
El aporte que va a dejar el gravamen a las arcas del fisco es considerado marginal al punto que se puede poner en duda si su eficiencia recaudatoria compensará los trastornos que le provocará a los inversores y ahorristas. Podría recaudar algo mas de $8.000 millones pero frenar nuevas inversiones e ingresos de fondos.
Los únicos instrumentos que no estarán alcanzados serán las acciones de empresas argentinas. De modo que los Fondos Comunes de Inversión (CFI) que tengan su portfolio integrado en al menos un 70% de papeles privados nacionales estarán exentos.
Datos de Balanz indican que los FCI manejan en total unos $570.000 millones al año, de los cuales sólo $20.000 son de acciones locales cuya rentabilidad no estará alcanzada.
El impuesto desalentará la inversión directa en los títulos de deuda que emita tanto el Gobierno, como las provincias. Si un inversor compra un bono estará pagando por el interés que genere el cupón, aún si este baja de cotización. Por caso, este año, los papeles del Gobierno argentino han sido fuertemente castigados.
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Debido al clima de desconfianza, en 2018 perdieron un 30% de su valor. Por eso, se espera que el gravamen genere un movimiento en favor de los FCI.
Si bien la rentabilidad que le proporcionan a quienes suscriban cuotasparte estará gravada, la administración de carteras compensa las caídas de cotización de algunos titulos con la subas de otros.
Se espera que la AFIP determine que los bancos actúen como agentes de retención del tributo que devenguen los depósitos a plazo fijo, que va a ser los más sencillo de todo. Pero las dudas se presentan con inversores con diferentes posiciones en distintos instrumentos.
Algunos podrían generar ganancias y otros pérdidas. En esos casos la AFIP podría determinar que algunos contribuyentes presenten declaraciones juradas anuales.
Otro aspecto a tener en cuenta van a ser los ADR, los certificados de acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Pagarán el impuestos, y también quedarán alcanzadas las operaciones de canje que pueda hacer un tenedor por sus correspondientes papeles privados nacionales.