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SUSCRIBITE La Administración Federal de Ingresos Públicos hizo una presentación judicial para conocer quiénes estuvieron involucrados en la publicación de datos en los medios, lo cuales revelan que familiares de funcionarios, entre ellos del presidente Mauricio Macri, blanquearon fondos por unos 130 millones de dólares.
La causa está a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y está relacionada con 2 delitos: violación de secreto fiscal y defraudación.
Los culpables de este hecho podrían sufrir penas de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación, según lo establece tanto el Código Penal como la ley de Sinceramiento Fiscal en su artículo 87.
A causa de este caso, presentó su renuncia el responsable de la subdirección general de sistemas y telecomunicaciones de la AFIP, Jorge Enrique Linskens.
Desde el organismo reconocieron que fue consecuencia directa de las filtraciones sobre el blanqueo que llegaron a la prensa el fin de semana.
Se trata de un funcionario que ya había trabajado en la anterior gestión de Alberto Abad (foto) al frente de AFIP -en tiempos cuando el presidente era Néstor Kirchner-.
Linskens también había ocupado altos rangos en el Correo Argentino y en el Gobierno porteño.
El diario Página 12 había publicado que el hermano del presidente, Gianfranco Macri, el primo del jefe de Gabinete Marcos Peña, Alejandro Jaime Peña Braun; Nicolás Caputo, amigo del jefe de Estado y un cuñado Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, participaron del blanqueo con fondos que totalizaron unos 132 millones de dólares.
Un reporte de Pablo Wende para infobae.com indicó que para Abad el hecho resultó un fuerte golpe, ya que él se había comprometido a resguardar al máximo la información sobre quiénes entraron al sinceramiento fiscal.
Menos de seis meses después del cierre de la moratoria comenzaron a conocerse nombres y el temor es que en los próximos días se filtren más. Este aspecto hizo dudar a muchos sobre adherirse o no al plan lanzado por el Gobierno. El sinceramiento fiscal finalizó el 31 de marzo pasado.
Aunque no se dieron mayores precisiones, todo indica que además de la actuación judicial, también dentro de la AFIP realizarán su propia investigación para determinar responsabilidades.