La Cámara de Diputados retomará el martes la discusión sobre la iniciativa que apunta a sancionar el abuso de posiciones dominantes en el mercado que tiendan a la cartelización de la economía, impactando en el bolsillo de los consumidores.
Sigue el debate parlamentario por la ley de Defensa de la Competencia
La iniciativa, que la semana pasada fue defendida en la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia por el presidente de la Comisión, Esteban Greco, será debatida este martes a las 14:30 en la sala 6 del anexo de la Cámara baja en el marco de una reunión informativa de la comisión de Comercio, que es presidida por Liliana Mazure (FPV-PJ).
El proyecto oficial es producto del consenso entre las iniciativas de Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Mario Negri (UCR) y entre sus puntos salientes propone la creación de una nueva autoridad de aplicación autónoma del Poder Ejecutivo que tendrá a su cargo la implementación de multas a las personas físicas o jurídicas que mediante conductas desleales de concentración económica que generen efectos distorsivos sobre la competencia.
En este marco, fija la obligación para aquellas operaciones de fusión o concentración que superen las 150.000.000 de Unidades Móviles de notificar previamente a la autoridad de aplicación, la cual deberá luego autorizar dicha operación.
El proyecto crea la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado e independiente, en el ámbito del Poder Ejecutivo y estará conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaria de Concentraciones Económicas.
Se propone que los integrantes de la autoridad de aplicación sean designados por el Poder Ejecutivo previo concurso público de antecedentes y oposición.
"La Autoridad podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas", señala el borrador del proyecto.
Además, indica que el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá decidir "la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado a los responsables por hasta 5 años", en tanto que "si la infracción fue realizada en licitaciones públicas, la exclusión podrá ser de hasta 8 años.
A su vez, el proyecto contempla un "Programa de Clemencia" con beneficios de exención o reducción de sanciones administrativas y civiles para las empresas que adhieran, "en la medida en que aporten pruebas que permitan sancionar a los miembros del cartel".
La iniciativa prevé la creación de la Subsecretaría de Fomento a la Competencia, en el ámbito de la Secretaria de Comercio de la Nación.
Por otra parte, luego de un reclamo del bloque Justicialista del Senado, el oficialismo se comprometió a "agilizar" la conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior, cuya creación estaba prevista en la ley de pago a los holdouts sancionada a fines de marzo del año pasado.
"Me parece bien que se integre la comisión de seguimiento de la deuda argentina para que todos los bloques estén informados de cómo se están cubriendo las necesidades de financiamiento de nuestro país", señaló el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, en declaraciones periodísticas.
Es probable que el cuerpo legislativo, que será integrando por diez diputados y diez senadores, se ponga en funciones este mismo mes, luego de que el oficialismo se hiciera eco del fuerte reclamo de senadores del bloque peronista durante una reunión de Labor Parlamentaria.
Allí, los legisladores justicialistas habrían amenazado con pedir la interpelación del ministro de Finanzas, Luis Caputo, en caso de que el oficialismo siguiera demorando la activación de la bicameral de la deuda externa.
El artículo 18 de la ley de pago a los holdouts instruía al Congreso a crear una comisión bicameral "cuyo objeto principal será el seguimiento de la evolución, gestión y pagos de la deuda exterior de la Nación".
Transcurrido más de un año sin novedades, el peronismo de la Cámara Alta jugó a meter presión mediante una nota presentada el pasado 12 de mayo a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, con la nómina de los cinco senadores propuestos por el bloque: José Mayans, Juan Manuel Abal Medina, Marcelo Fuentes, Sigrid Kunath y Pichetto.
Por su parte, el oficialismo nombraría a los senadores Silvia Elías de Pérez, Pamela Berasay, Oscar Martínez y a Pedro Braillard Poccard, en tanto que el último representante de la Cámara alta le corresponde al Peronismo Federal.
Se espera que la Cámara de Diputados eleve en los próximos días los nombres de los 10 legisladores propuestos para integrar la bicameral.
"Reclamamos la constitución porque consideramos que el oficialismo está en mora con la constitución de la bicameral. Es fundamental para el control de la deuda y sobre todo para monitorear el nivel actual de endeudamiento", sostuvo Pichetto.
En tanto, el formoseño Mayans indicó: "Mi preocupación es el alto endeudamiento que estamos teniendo y que le quita al país un futuro de crecimiento y bienestar".
Fuente: NA
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