La Cámara de Diputados retomó el martes el tratamiento de la iniciativa que apunta a sancionar el abuso de posiciones dominantes en el mercado que tiendan a la cartelización de la economía, impactando en el bolsillo de los consumidores.
Reactivan el debate parlamentario del proyecto de Defensa de la Competencia
El proyecto oficial, que es producto del consenso entre las iniciativas de Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Mario Negri (UCR), fue defendida en una reunión informativa de la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara baja por el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco.
El funcionario valoró la posibilida de contar con una herramienta más eficiente que la "legislación actual" para hacer frente a los monopolios.
El proyecto de ley de Defensa de la Competencia establece la prohibición de "todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado".
En este sentido, señala que "se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general".
En este marco, fija la obligación para aquellas operaciones de fusión o concentración que superen las 150.000.000 de Unidades Móviles de notificar a la autoridad de aplicación, la cual deberá luego autorizar dicha operación.
El proyecto crea la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado e independiente, en el ámbito del Poder Ejecutivo y estará conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaria de Concentraciones Económicas.
Se propone que los integrantes de la autoridad de aplicación sean designados por el Poder Ejecutivo previo concurso público de antecedentes y oposición.
"La Autoridad podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas", señala el borrador del proyecto.
Además, indica que el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá decidir "la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado a los responsables por hasta 5 años", en tanto que "si la infracción fue realizada en licitaciones públicas, la exclusión podrá ser de hasta 8 años.
A su vez, el proyecto contempla un "Programa de Clemencia" con beneficios de exención o reducción de sanciones administrativas y civiles para las empresas que adhieran, "en la medida en que aporten pruebas que permitan sancionar a los miembros del cartel".
Por último, la iniciativa prevé la creación de la Subsecretaría de Fomento a la Competencia, en el ámbito de la Secretaria de Comercio de la Nación.
Fuente: NA
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