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El BID entregó un crédito por U$S 120 millones para las provincias argentinas

23 de febrero de 2017 - 09:45

El ministro del Interior, Obras Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio, y su par de Finanzas, Luis Caputo, firmaron con las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo un acuerdo por esa suma, para el avance del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Provincial.

Desde Washington, Caputo afirmó que el programa "es un avance en la línea del objetivo estratégico del gobierno, crecer generando empleo con equilibrio financiero, responsabilidad fiscal y una distribución equitativa entre las provincias de los recursos fiscales".

"Con estos recursos vamos a financiar sectores estratégicos de cada provincia para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo privado", destacó el ministro (foto-izquierda).

Y remarcó que "el BID es un aliado estratégico de la Argentina para el desarrollo productivo y de la infraestructura".

Por su lado, Frigerio señaló: "Las provincias son las responsables de la prestación de los servicios públicos más sensibles. La calidad de vida depende decididamente de cómo las provincias gestionan esos servicios como la justicia, la salud, la educación y la seguridad".

"En consecuencia, tenemos que entender la importancia de que esos servicios estén bien financiados y gestionados", reflexionó el ministro.

El mencionado programa fue diseñado para contribuir al crecimiento y el empleo privado provincial, a través de la mejora de la gestión de los ingresos, gastos e inversión pública, así como la implementación de proyectos de inversión.

La iniciativa se basa en dos ejes, el fortalecimiento de la administración tributaria y financiera e inversiones para el desarrollo.

El primer ítem apunta a mejorar la autonomía fiscal de las provincias, como así también la eficiencia del gasto público; mientras que el segundo permitirá financiar inversiones en sectores estratégicos de la economía.

Acompañaron a los ministros los gobernadores de Corrientes, Ricardo Colombi; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Neuquén, Omar Gutiérrez; y de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Por otra parte, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 80 millones de dólares a Argentina para mejorar la calidad, accesibilidad y transparencia digital de los servicios administrativos del Gobierno nacional.

Con estos fondos, se permitirá que los ciudadanos que lo soliciten se beneficien "de un nuevo y único punto de acceso en línea, que servirá para aumentar la facilidad de finalización de procedimientos administrativos clave", precisó el BM en un comunicado.

El "Proyecto de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina" también creará un perfil de ciudadanos digitales, que facilitará la unificación de la información enviada y evitar así el reingreso innecesario de datos.

"En el mundo de hoy, los ciudadanos tienen todo tipo de información al alcance de sus manos: los servicios gubernamentales también deberían estarlo", graficó Andrés Ibarra, ministro argentino de Modernización.

Las PYMES serán una de las principales favorecidas, ya que el proyecto "diseñará herramientas para transacciones en línea que permitirán completar procesos de manera remota, reduciendo significativamente el tiempo y los desplazamientos necesarios en la actualidad para llevar a cabo muchos de estos requisitos de manera manual".

"Estas mejoras le ahorrarán tiempo y dinero a los ciudadanos y mejorarán la productividad de las pequeñas empresas", subrayó Jesko Hentschel, director del organismo para Argentina, Paraguay y Uruguay.

El ejecutivo señaló que "unos servicios públicos eficientes fortalecen la gobernanza y mejoran el entorno de negocios, lo que a su vez promueve el crecimiento sostenible y la generación de puestos de trabajo".

Asimismo, se reforzará la transparencia a través de la implementación de una estrategia nacional integral de datos abiertos, incluido un nuevo sistema de adquisiciones públicas con un registro único de proveedores y un mejor acceso del público a la información.

Estas medidas, junto a un sistema actualizado de declaración de bienes para la Oficina Anticorrupción, ayudarán a responder a indagaciones y denuncias de corrupción de manera más eficiente.

El préstamo de 80 millones del Banco Mundial tiene un plazo de vencimiento de 32,5 años, e incluye un período de gracia de 7 años.

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