El Gobierno porteño acusó la empresa recién llegada al país de no dar la cara y operar de forma clandestina, lo que generó un conflicto con los taxistas que operan en la Ciudad de Buenos Aires.
Insisten en la ilegalidad de Uber ya que opera sólo mediante redes sociales
Al respecto, el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, explicó que el GCBA "siempre estuvo abierto al diálogo" pero nadie de la compañía se comunicó personalmente para atender la normativa legal.
En respuesta a la presentación de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, el lunes pasado el fiscal porteño Martín Lapadú solicitó a la Justicia el bloqueo de la aplicación que permite el funcionamiento del nuevo servicio de transporte.
En una entrevista radial, Méndez dijo que la respuesta judicial sobre el tema podría llegar recién el jueves.
"No hay un rechazo de la orden del fiscal, el juzgado tiene la responsabilidad de proceder. El fiscal informó al juzgado para que éste informe al Ente Nacional de Comunicaciones", dijo el secretario de transporte.
En una actitud abiertamente rebelde, Uber informó que seguirá operando en la Ciudad pese a las protestas del Sindicato de Peones de Taxis, que ve un competidor desleal en el servicio apócrifo de transporte pasajeros.
"Lamentamos discutir esto a este nivel porque siempre estuvimos abiertos al diálogo. Fuimos abiertos a explicar las normativas vigentes pero Uber solo se comunica por redes sociales. Estamos luchando contra alguien que se escuda en Internet para brindar un servicio de transporte ilegal y no garantizan seguridad al usuario", manifestó Méndez.
"Acá estamos hablando de transporte ilegal, uso del espacio público para el comercio ilegal sin ninguna habilitación ni permiso. Ni siquiera tienen CUIT", enfatizó el funcionario.
Y agregó: "El fiscal entiende que el delito es flagrante y solicita el bloqueo de la aplicación. Así, informa al ENACOM que está tramitando este bloqueo y al juzgado donde tramita la causa. Son típicos procesos judiciales para estos delitos".
El Gobierno porteño reclama que la firma internacional pague impuestos y garantice los estándares mínimos de seguridad.
También dijo Méndez que las tarjetas de crédito están rechazando las operaciones producto de que es una actividad no habilitada que responde a un comercio ilegal.
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