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SUSCRIBITE La jueza María Cristina Carrión de Lorenzo le otorgó ese plazo a la petrolera de bandera argentina para que entregue el contrato completo firmado con la empresa Chevron, para explotar el megayacimiento de Vaca Muerta.
La magistrada resolvió ejecutar la sentencia completa que había dado la Corte Suprema de Justicia para que la opinión pública conozca los pormenores del entendimiento alcanzado con la firma norteamericana, una vez que el Gobierno kirchnerista nacionalizara el 51 por ciento de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol.
Carrión de Lorenzo ya presentó su renuncia al cargo, que se hará efectiva a partir del 1 de mayo próximo, luego de que el Poder Ejecutivo le aceptara la dimisión con el decreto 430/2016 publicado en el Boletín Oficial.
En noviembre de 2015 un fallo de la Corte Suprema dio lugar a la acción iniciada por el diputado socialista Rubén Giustiniani, que exigía una copia del documento basándose en la Ley de Acceso a la Información.
Para atender se pedido, YPF entregó a tiempo un duplicado del documento al Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 7 aunque con algunas de sus cláusulas fueron tachadas.
La petrolera adjuntó un pedido adicional de conservar bajo confidencialidad esos puntos considerados como "información estratégica" para la empresa; solicitud que fue rechazada por la demanda.
Carrión de Lorenzo ya tiene una copia completa del contrato en cuestión, que le fue entregada el pasado 23 de febrero por la compañía petrolera estatal.
Pero desde el juzgado explicaron que no se puede entregar allí una copia del entendimiento con Chevron debido a que las cláusulas están tachadas, por lo que es la compañía argentina la que debe darle una copia a Giustiniani.
La semana pasada, la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, defendió la decisión de YPF de no revelar el contrato, en virtud de que existe una normativa internacional para este tipo de acuerdos, donde las cláusulas secretas son impuestas exclusivamente por cuestiones comerciales.
La funcionaria admitió que cuando fue diputada -entre 2013 y 2015- solicitó que se revelaran las cláusulas secretas en cuestión, porque no sabía del tema y carecía de fundamentos para hacerlo.