Rousseff ya se atreve a hablar de un golpe institucional en Brasil

La presidenta brasileña afirmó que su país vive un "golpe democrático a la paraguaya", al expresar su descontento por la crisis política y económica que está atravesando su país.

La mandataria hizo alusión a la destitución exprés en 2012 del entonces jefe de Estado de Paraguay, Fernando Lugo.

El diario Folha de São Paulo detalló que el comentario de Dilma Rousseff fue hecho durante una reunión con sus 31 ministros celebrada el jueves en Brasilia antes de viajar a Colombia.

En una rueda de prensa posterior a esa reunión, el ministro de Presidencia, Jaques Wagner, criticó que la oposición haga "uso político" de una herramienta jurídica "muy especial" como es el proceso de destitución de un jefe de Estado, que comenzó esta semana.

La misma Rousseff había hablado de "una versión moderna del golpe" sobre los intentos de la oposición de sacarla del poder.

Lugo fue destituido en un juicio parlamentario, contemplado en la Constitución de ese país, por "mal desempeño" de sus funciones, una situación por la que Paraguay fue suspendido temporalmente del Mercosur por considerar sus socios que hubo una "ruptura constitucional".

El presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, es la autoridad responsable de admitir a trámite o denegar las peticiones de abrir procesos de destitución del jefe del Estado y en los últimos meses ha rechazado una decena de solicitudes de esta naturaleza.

Cunha tiene pendiente de análisis por lo menos otros nueve pedidos de apertura de un juicio político contra Rousseff, presentadas por diversos partidos políticos, instituciones y ciudadanos a título individual.

Los opositores atribyen a Rousseff la mala situación económica del país, así como por los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

También le achacan un "delito de responsabilidad" por las maniobras que el Gobierno hizo en 2014 para maquillar el déficit en sus cuentas, lo que podría suponer un argumento legal para apoyar los pedidos de destitución.

El pasado miércoles el Tribunal de Cuentas recomendó la reprobación de estos balances, pero la decisión final depende del Legislativo, donde la coalición oficialista tiene mayoría.

Para el oficialismo, el supuesto delito de responsabilidad no es suficiente motivo legal para iniciar un proceso de destitución, además teniendo en cuenta que es anterior al actual mandato de Rousseff, que comenzó el pasado 1 de enero.

Fuente: EFE

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