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Unión Europea

La UE abre su espectro para alcanzar un acuerdo comercial con EE.UU.

16 de septiembre de 2015 - 12:30

La Unión Europea propuso crear un tribunal especial para resolver litigios sobre inversiones en el marco del tratado de libre comercio que negocia con Estados Unidos, en favor de dejar de lado los objetados tribunales arbitrales.

"Proponemos un nuevo sistema que se parezca a un tribunal de justicia, un nuevo tribunal con jueces calificados", que serán nombrados por ambas partes, indicó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom (foto), al presentar el proyecto en Bruselas. 

Y añadió: "Debemos crear los mismos elementos que los que permiten a los ciudadanos tener confianza en sus tribunales nacionales".

Este nuevo estamento contendría un tribunal de primera instancia y una cámara de apelaciones, de acuerdo a las propuestas de los funcionarios del Viejo continente.

La UE y Estados Unidos negocian desde 2013 -con vistas a lograrlo en 2016- un tratado de libre comercio que, de concretarse, crearía la mayor área de libre comercio del mundo.

Pero uno de los frenos del TLC es el tribunal arbitral conocido como ISDS (Investor-state dispute settlement).

Los estadounidenses exigen estos procedimientos que permiten pasar por encima de las jurisdicciones nacionales. Por eso, sus críticos los consideran una puerta para que las multinacionales puedan ignorar las políticas públicas.

La querella presentada en 2010 por Philipp Morris contra Uruguay, que aumentó el tamaño de las advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos, suele ser citado como un ejemplo por los detractores de este mecanismo.

Para evitar que las multinacionales ignoren las políticas públicas, "el derecho de los gobiernos a reglamentar estará inscrito y garantizado en las disposiciones de los acuerdos de libre comercio", subrayó Malmstrom.

Además, "la capacidad de los inversores para iniciar una acción ante el tribunal se definirá de manera precisa y se limitará a casos como la discriminación sexual, racial, vinculada a la religión, la nacionalidad, la expropiación sin indemnización o la denegación de justicia", precisó la Comisión en un comunicado.

En el acuerdo, también se incluyen garantías que precisan que los gobiernos respetarán "algunos principios fundamentales sobre el trato a los inversores extranjeros".

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