Pequeños y medianos empresarios del comercio solicitaron al Gobierno porteño que se llegue a esa instancia, ante el avance de los puestos de venta ilegal de productos en las calles de la Capital.
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PYMES piden declarar el estado de emergencia del espacio público
Se estima que la venta entre manteros y saladitas moviliza más de 43.600 millones de pesos por año en el país, que se traducen en menos empleo formal, menos derechos para los trabajadores, y menos impuestos destinados al bienestar común como salud, educación, seguridad, o infraestructura.
"La venta ilegal encubre un negocio millonario diseñado por mafias organizadas que desarrollan un sistema de trabajo esclavo, trata de personas en talleres clandestinos, contrabando, robo, piratería de mercadería, y corrupción", agregó la entidad.
Y advirtió que la muerte de dos menores en un incendio desatado en un taller clandestino de Flores -que funcionaba en un sótano- a fines de abril último "es una evidencia manifiesta de esa red" comercial mafiosa.
La única forma de frenar esa cadena de producción y comercialización ilegal y esclava, es con la intervención múltiple de las autoridades encargadas de controlar y gestionar, esgrimió el comunicado de Fecoba.
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