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Litigio judicial

No hay una solución visible en el litigio con los fondos buitre

25 de julio de 2014 - 17:16

Tras una nueva audiencia en Nueva York entre Argentina y los capitales especulativos por el pago de la deuda soberana en default, no se registraron progresos en la negociación y el Gobierno se acerca cada vez más a la posibilidad de ingresar en default.

El viernes, la comitiva de funcionarios argentinos mantuvo una charla con el mediador impuesto por el juez Thomas Griesa, Daniel Pollack, pero la misma fue infructuosa y no se registraron avances.

En esta ocasión, los representantes de los holdouts se mantuvieron aparte de las conversaciones entre los enviados de la Casa Rosada y el conductor desigando puesto por Griesa.

NML Capital y Aurelius cuentan con una sentencia a favor del magistrado neoyorkino para el cobro de 1.330 millones de dólares en concepto de bonos impagos de la deuda soberana argentina que entraron en default en 2001.

Pero la cuestión se complicó cuando el juez bloqueó el pasado 27 de junio un giro de 539 millones de dólares de Argentina a un banco de Nueva York para pagar un tramo de su deuda reestructurada en 2005 y 2010, colocando a Argentina al borde de la cesación de pagos, si no se llega a una solución la semana entrante.

Si ese pago a los bonistas que entraron en las reestructuraciones no se efectúa antes de que venza el plazo de gracia el 30 de julio, el país entraría en un default técnico, pero de todas maneras el Gobierno evitaría que se dispare la cláusula RUFO, la cual implicaría un desembolso mayor incluso para los tenedores de bonos reestruturados.

Los fondos compraron los títulos de la deuda argentina ya en default y luego litigaron en la justicia estadounidense para cobrar 100% de su valor, rechazando entrar en los canjes que implicaban quitas de hasta un 70% de su monto y que tuvieron una aceptación del 92,4% de los acreedores, un éxito de las administraciones Kirchner.

Luego de que la Corte Suprema de EE.UU. rechazara ver en el caso a mediados de junio, la sentencia redactada por Griesa en 2013 quedó vigente y el reloj empezó a correr para el Estado nacional, en su carrera para evitar un nuevo default.
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