El 15 por ciento de los trabajadores asalariados de Argentina, incluso aquellos que tienen un empleo formal, padece inseguridad alimentaria.
jueves 06 de noviembre de 2025
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SUSCRIBITELos jóvenes de entre 18 y 34 años padecen una tasa del 14,3 por ciento.
La caída del poder adquisitivo entre la población durante las últimas décadas.
El 15 por ciento de los trabajadores asalariados de Argentina, incluso aquellos que tienen un empleo formal, padece inseguridad alimentaria.
Así lo mostró un informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Según el relevamiento, entre 2022 y 2024, la inseguridad alimentaria afectó, en promedio, al 15% de los empleados asalariados y a un 7% de los trabajadores registrados.
"Los que no aportan a la seguridad social presentan niveles de inseguridad alimentaria notablemente superiores en comparación con aquellos con aportes. La precariedad laboral se asocia con una mayor vulnerabilidad alimentaria", identificaron los investigadores de la casa de altos estudios.
De acuerdo al estudio, la inseguridad alimentaria tiene una mayor incidencia en los estratos socioeconómicos bajos, en hogares en situación de pobreza y en personas con menor nivel educativo, y también entre los jóvenes y las mujeres.
El informe notó, por otra parte, que los trabajadores afiliados a sindicatos tienden a tener mayor seguridad alimentaria, "fenómeno que se vincula con mejores condiciones laborales y acceso a derechos".
La carga horaria y el sector de inserción laboral también influyen en los niveles de seguridad alimentaria, ya que trabajadores subempleados, en sectores informales o de baja calificación muestran mayores niveles de inseguridad alimentaria.
La situación de la población general y de la población activa ubica la prevalencia de la inseguridad alimentaria en 21,3% y 21,2%, respectivamente.
Dentro del conjunto de personas ocupadas, la incidencia muestra un descenso a 19,6%, aunque con diferencias notables según segmento o sector.
El acceso a la alimentación adecuada, aun así, permanece lejos de representar una condición asegurada por el hecho de contar con empleo.
El desagregado por factores socioeconómicos y demográficos ilustró que los jóvenes asalariados de entre 18 y 34 años exhiben una tasa de inseguridad alimentaria del 14,3%, en tanto que los trabajadores de entre 35 a 54 años, la tasa es de 17,1%.
El porcentaje baja al 12% cuando se trata de personas de 55 años o más.
Si se consideran los trabajadores formales, las cifras bajan considerablemente al 5,9%, 8,9% y 6,3%, respectivamente.
Las mujeres presentan una proporción levemente superior (15,4%) en comparación con los varones (15%) cuando se habla de asalariados totales.
La edad y el género actúan como determinantes, en conjunto con variables educativas y socioeconómicas.
El nivel educativo surge como elemento central. El 34% de las personas con primaria o secundaria incompleta atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria.
En el caso de quienes completaron el secundario, la tasa se ubica en 12,7%. Entre quienes alcanzaron formación universitaria incompleta o completa, la prevalencia desciende de manera marcada a 4,6%. El acceso a la educación demarca una barrera que impacta de manera significativa en el derecho a una alimentación básica.
El estrato socioeconómico y la condición de pobreza amplifican las diferencias. El 21,5% de los casos de inseguridad alimentaria procede de estratos bajos.
En los hogares pobres, la prevalencia asciende a 38,6%. Por contraste, entre los hogares no pobres la incidencia baja a 6,9%. Los márgenes materializan la relación entre carencia de recursos materiales y posibilidad de acceder a una dieta adecuada.
El conurbano bonaerense registra un 18,9% de inseguridad alimentaria, lo que lo convierte en una de las áreas históricamente más expuestas del país.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el indicador cae a 7,1%. Por su parte, el interior nacional registra una prevalencia de 8,9%.
Estas diferencias ratifican que el territorio influye en la aparición de vulnerabilidad alimentaria, más allá de las condiciones individuales de empleo o ingreso.
Al examinar las condiciones laborales y la afiliación sindical, el estudio ofrece nuevos elementos para analizar las causas y los alcances del problema.
El sector informal mantiene una incidencia de inseguridad alimentaria del 24%, siempre considerando los asalariados totales.
El sector formal se ubica en un 9,8%. En el sector público, el dato asciende al 14,1%. Las diferencias obedecen tanto a la estabilidad laboral como a la presencia (o ausencia) de derechos sociales y acceso a mecanismos de protección.
La carga horaria laboral aparece asociada a la inseguridad alimentaria. Entre los subocupados, el 21,1% experimenta dificultades para acceder a comida suficiente.
Los trabajadores que cuentan con pleno empleo acumulan una incidencia del 12%. Entre los sobreocupados, la cifra trepa al 13,3%.
El esquema horario incide en la posibilidad de sostener una alimentación digna, pero el efecto más claro radica en aquellos que no disponen del ingreso suficiente por cumplir jornadas reducidas.
La afiliación sindical emerge como un factor de diferenciación. El 7,7% de los trabajadores afiliados a sindicatos enfrenta situaciones de inseguridad alimentaria.
Entre quienes carecen de afiliación, el índice sube a 9,9%. La pertenencia a gremios, que habitualmente implica acceso a determinados derechos laborales y mecanismos de defensa, ayuda a acercar un escudo parcial ante la privación de insumos básicos.