La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) emitieron un comunicado en el que advirtieron sobre la parálisis total de las operaciones en los puertos de Bahía Blanca y Necochea.
CIARA y CEC denunciaron prácticas extorsivas que afectan a las exportaciones argentinas
La entidad cuestionó las medidas de transportistas autoconvocados en la provincia de Buenos Aires.
Esto se debe a medidas de fuerza realizadas por transportistas autoconvocados en la provincia de Buenos Aires.
La denuncia de CIARA-CEC
Según el comunicado de las entidades, las prácticas extorsivas registradas en distintos puntos del territorio bonaerense provocaron el colapso de la actividad exportadora, afectando de manera directa a toda la cadena de valor cerealera y oleaginosa.
“La situación es insostenible: los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina”, señalaron en la misiva oficial.
Asimismo, los emrpesarios del sector advirtieron sobre el impacto económico que esta situación genera no solo en el sector, sino también en el conjunto del país.
Desde CIARA-CEC ilustraron que, al no ser dadores de carga, no forman parte de las mesas provinciales de negociación.
Tampoco se lograron avances en las conversaciones desarrolladas en la provincia de Buenos Aires, lo que profundiza el conflicto.
En ese sentido, cuestionaron las medidas de fuerza que impiden operar con normalidad, al dificultar tanto la carga de mercadería como el acceso a los puertos.
“No podemos avalar prácticas abusivas que impiden cargar libremente o llegar a los puertos”, sostuvieron, y reclamaron una solución urgente.
Exportaciones frenadas
Las entidades instaron a levantar las medidas de fuerza para restablecer la actividad: “Urge retornar a la normalidad”, concluyeron.
Los transportistas autoconvocados rechazan la actualización negociada en la mesa formal y exigen una recomposición mayor para el transporte de granos, en un contexto de suba de costos logísticos, especialmente por el combustible.
Según reportes del sector, parte de las entidades aceptaron una suba de 14% en la tarifa de referencia, pero otros grupos reclaman un ajuste más alto y mantienen las medidas de fuerza.
La protesta interrumpe la libre circulación de camiones y rompe la cadena logística justo cuando el agro concentra una de sus etapas de mayor movimiento.
En la práctica, menos camiones en puerto implican menos descarga, menos mercadería para embarcar y más riesgo de incumplimientos en contratos internacionales.
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