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SUSCRIBITE AFIP identificó numerosos incumplimientos del Aporte Solidario y Extraordinario.
Una empresa agroexportadora deberá pagar a la Administración Federal de Ingresos Públicos una multa de más de 2.000 millones de pesos por realizar operaciones con contratos de dólar futuro sin poder justificar la adquisición del derivado financiero.
Se trata de una firma que “no pudo justificar la adquisición de ese derivado financiero durante 2015 y que le permitió obtener ganancias millonarias con la devaluación registrada a fines de ese año tras la asunción de Mauricio Macri como presidente”, explicaron desde AFIP mediante un comunicado.
Por no haber podido demostrar con documentación que las operaciones no hayan tenido un fin especulativo, la Dirección General Impositiva (DGI) determinó que “correspondía gravar las utilidades obtenidas”.
De esta manera, “se realizaron ajustes por el mencionado Impuesto Extraordinario, intereses y multas por más de $2.000 millones”, puntualizaron desde el organismo.
AFIP llevó adelante una fiscalización sobre contribuyentes e identificó numerosos incumplimientos del Aporte Solidario y Extraordinario por única vez del 15% sancionado por el Congreso a fin de 2016 sobre las utilidades generadas con ese instrumento financiero.
Se trata de una firma que, de acuerdo a la AFIP, pertenece a un grupo multinacional, que “había contratado estos instrumentos derivados para, supuestamente, obtener cobertura ante una eventual suba en el tipo de cambio oficial que pudiera impactar negativamente en sus operaciones de comercio exterior”.
En tanto, la norma establecía que las coberturas que tuvieran una finalidad comercial no estaban sujetas al impuesto, pero en función de la fiscalización y control llevado adelante por el organismo “no fue posible vincular los contratos de dólar futuro con los pasivos sobre los cuales se pretendía justificar la cobertura y con los pagos realizados por la empresa”, precisó el organismo recaudador.
Asimismo, resaltó que “mediante estas acciones, se focalizan los controles sobre las operaciones especulativas de grandes contribuyentes, ya sean empresas o familias de alto patrimonio, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia tributaria y lograr financiamiento genuino para políticas públicas”.