El Gobierno nacional avanzó con el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal encargada de la generación de energía nuclear en el país.
El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina
La firma está controlada en un 79% por el Estado nacional, un 20% por CNEA y un 1% por ENARSA.
Lo hizo mediante el Decreto 695/2025 publicado en el Boletín Oficial.
Privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina
La medida combina la venta de acciones a inversores privados y un Programa de Propiedad Participada, aunque Nación mantendrá la mayoría accionaria.
Actualmente, Nucleoeléctrica está controlada en un 79% por el Estado nacional, un 20% por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1% por Energía Argentina S.A. (ENARSA).
Con el nuevo esquema, se venderá el 44% de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional.
Asimismo, se implementará un Programa de Propiedad Participada del 5%, destinado a trabajadores.
El Estado nacional y la CNEA conservarán el 51 por ciento, asegurando control mayoritario.
Además, se dispuso que ENARSA transfiera el 1% de sus acciones en NASA al Estado, y que la propia Nucleoeléctrica ceda 0,01 % de su participación en ENARSA.
El Ejecutivo esgrimió que la intervención estatal no ha garantizado eficiencia económica y que la incorporación de capital privado permitirá:
_Financiar proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027).
_Completar el proyecto de almacenamiento en seco de elementos combustibles para Atucha II.
_Reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la empresa.
Los números de la compañía
En 2023, recibió transferencias de capital del Estado por 700 millones de pesos para sostener inversiones.
Pese a ello, el Gobierno insiste en que es necesario sumar socios privados para fortalecer la competitividad.
En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3%.
El decreto reconoce la capacidad técnica de la empresa, pero sostiene que para sostener esa performance y encarar nuevas inversiones resulta clave abrir la puerta al capital privado.
El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de ejecutar el proceso de privatización.
La licitación será pública, con alcance nacional e internacional, bajo los lineamientos de la Ley 23.696.
El decreto también prevé la intervención de la Secretaría de Trabajo para evaluar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada y el envío de un informe a la Comisión Bicameral del Congreso, cumpliendo con los requisitos legales.