La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley la iniciativa impulsada por el Gobierno que permite los proyectos mineros en áreas cercanas a los glaciares.
El Congreso aprobó la reforma a la ley de glaciares
La norma otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales en las que se pueden permitir las actividades mineras.
El proyecto, que ya había recibido el visto bueno del Senado el pasado 26 de febrero, fue aprobado por la Cámara Baja por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, tras un debate que se inició en la tarde del miércoles y concluyó en la madrugada de este jueves.
Reforma a la ley de glaciares
La norma otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.
"Algunos dicen que no vamos a tener más glaciares y, la verdad, eso es no haber leído el proyecto", afirmó el diputado oficialista José Peluc en el debate en el pleno.
Los legisladores modificaron la Ley de Glaciares aprobada en 2010, la cual establecía la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
"El ambiente glaciar y periglacial en Argentina representa apenas el 0,4% del territorio, pero ese porcentaje tan mínimo representa también, nada más y nada menos, que nuestra segura hídrica", remarcó al respecto Gabriela Estévez, diputada de Unión por la Patria.
La opositora esgrimió que la reforma abre la puerta a que cada provincia tenga un umbral de protección diferente, generando una "asimetría regulatoria muy peligrosa" en la que las provincias compitan entre sí en la flexibilización de los criterios ambientales para atraer inversiones mineras.
El Gobierno argumentó que esta modificación es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.
Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen "reservas estratégicas de recursos hídricos" a ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares "sin función hídrica relevante".
El Gobierno celebró la aprobación y afirmó que la norma aporta “seguridad jurídica” y fortalece a las provincias en la administración de recursos naturales.
En un comunicado oficial, el Poder Ejecutivo destacó que la reforma “impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.
Según Casa Rosada, la iniciativa "aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley".
Asimismo, indicó que la reforma apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico y señaló que “el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera”.
Oposición a la iniciativa
La iniciativa del Ejecutivo desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas.
Éstos advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución Nacional.
En Argentina no existe un registro nacional de proyectos mineros en ambientes glaciales y periglaciales, pero los ambientalistas coinciden en que muchas áreas de concesión minera afectan o pueden afectar los glaciares y sus zonas adyacentes.
En 2016, un informe gubernamental admitió la existencia de 44 proyectos mineros -sobre un total de 77- en ambiente periglacial.
Desde entonces no hay nuevos datos oficiales, pero se presume que esa cifra es muy superior debido al explosivo crecimiento que ha tenido la minería en Argentina: solo en los tres últimos años la cantidad de proyectos en el país saltó de 160 a 325.
El proyecto de reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para posibilitar la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
Introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.
Con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.