Vecinos y asociaciones de consumidores de la provincia denunciaron el martes ante el gobierno distrital que comerciantes encurren en estafas al vender las garrafas de 10 kilos de gas licuado de petróleo a 50 pesos, cuando en realidad deberían ofrecerlas a 16 pesos.
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En Corrientes, cobran una garrafa hasta tres veces más que el precio acordado
En Corrientes, el producto sirve como una fuente de energía clave porque la provincia es una de las jurisdicciones del nordeste argentino que no posee distribución de gas natural por red.
La garrafa social que se vende en la mayoría de las bocas de expendio tiene un costo de 16 pesos, aunque los comerciantes barriales la ofrecen a un precio que va de 40 a 50 pesos, lo que despertó la ira de los habitantes.
Por decisión de la Secretaría de Energía, los precios de venta del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en envases de 10, 12 y 15 kilos deben ser comercializados a 16, 20 y 25 pesos, respectivamente.
Así lo disponen la Ley 26.020 y sus modificaciones dispuestas por la Ley 26.314, las cuales regulan la venta de garrafas en las jurisdicciones donde no hay gas natural por red.
El ministro de Planificación Julio De Vido había anunciado el 28 de noviembre del 2013, que durante enero se firmarían las licitaciones para la construcción de Gasoducto del NEA, aunque esto todavía no pasó.
Las obras de construcción requieren una inversión de 25.000 millones de pesos y generarán unos 10.000 puestos de empleo. El proyecto traerá beneficios a unos 3,3 millones de hogares de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Santa Fe, que ahora utilizan garrafas.
El tendido del gasoducto Juana Azurduy se inició en 2012, tiene en la parte boliviana 15 kilómetros de largo y 32 pulgadas de diámetro y se extiende desde Campo Margarita, en el departamento sureño de Tarija (ciudad de Yacuiba), hasta Madrejones, en zona fronteriza con la Argentina.
Ese será el tendido que abastecerá a todas las provincias del nordeste argentino, la única región del país que hasta el momento no cuenta con el servicio de bajo costo y por el contrario los consumidores tienen que pagar mucho más que, por ejemplo los porteños y bonaerenses, para usar la cocina o la calefacción.
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