La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró que el proyecto impulsado por la Casa Rosada "es un ejemplo de un Estado que escucha y hace eco de las necesidades de la población".
El Gobierno nacional defiende la ley de etiquetado frontal
"No es momento para especulaciones con temas de salud pública y ampliación de derechos", esgrimió la funcionaria antes de la sesión en la Cámara de Diputados donde el oficialismo aspira a sancionar la norma.
Español argumentó que el Gobierno quiere que "las y los argentinos puedan ampliar sus derechos y tener la capacidad de elegir qué consumir, entendiendo los beneficios de una alimentación sustentable desde el punto de vista sanitario, medioambiental, económico y social".
Al respecto, indicó que "un Estado presente, es un Estado que escucha y se hace eco de las necesidades de la población", y aseguró que "la ley de etiquetado frontal es un ejemplo de esto".
"No es momento para especulaciones con temas que son de salud pública, de ampliación de derechos y de mejora de la calidad de vida", afirmó la funcionaria.
Español remarcó que la ley en cuestión "va en consonancia con la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el derecho a acceder a la información necesaria para tomar decisiones conscientes y responsables".
También destacó que, desde la Secretaría de Comercio Interior, se trabaja en la protección de los consumidores para que cuenten con información clara, precisa y veraz y "se promueven herramientas para que las y los argentinos puedan tomar una posición crítica frente al consumo".
En ese sentido, explicó que el objetivo de esta ley es "facilitar que la lectura de la información nutricional de los alimentos y bebidas que compramos sea más sencilla, porque las y los consumidores van a saber de manera más clara qué es lo que están consumiendo".
El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará reunir quórum para la sesión especial que impulsa para hoy, a fin de convertir en ley el proyecto de etiquetado frontal que advierte sobre los excesos de grasas, sodio y azúcar en los alimentos, mientras que Juntos por el Cambio anticipó que no colaborará para reunir el número reglamentario.
La iniciativa es rechazada por algunas empresas de la alimentación y genera resistencias entre legisladores de las provincias del norte, sin distinción de alineamientos políticos, ya que desde esa región del país sostienen que el etiquetado frontal perjudicará a la producción azucarera, por lo que promueven introducir modificaciones en el texto que se aprobó en el Senado.
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