Alejandra Gils Carbó, se pronunció a favor de la norma impulsada por el kirchnersimo y luego votada en el Parlamento, al dictaminar que la misma es "constitucional".
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Para la Procuradora General de la Nación, la Ley de medios es constitucional
De esta manera, será la Corte Suprema quien deberá decidir si la nueva Ley de Servicios Audiovisuales se pone en práctica de forma completa, o se dejan afuera ciertos artículos como pro ejemplo el de la desinversión, que afecta a medios como el Grupo Calrín.
La mandamás del órgano que elige a los fiscales remarcó el valor de la ley sancionada en octubre de 2009, por haber sido aprobada luego de un debate amplio y participativo, por su carácter público plural y diverso y por contribuir a la libertad de expresión.
Con referencia a los sistemas interamericano y europeo de derechos humanos, Gils Carbó aseguró que la Ley 26.522 "procura el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia de los servicios de comunicación audiovisual con el fin último de abaratar, democratizar y universalizar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación".
Tras la feria judicial que se inicia el próximo lunes y se extiende por dos semanas, el destino de la ley quedará en poder de la Corte Suprema, el cual definirá sobre la constitucionalidad o no de la ley, cuyos principales artículos fueron objetados por el Grupo Clarín.
Gils Carbó (foto) aseguró que la Ley 26.522 "procura el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia de los servicios de comunicación audiovisual con el fin último de abaratar, democratizar y universalizar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación".
Además, la Procuradora destacó que la norma se propuso desde su origen como "un instrumento fundamental para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones", y consideró que los artículos cuestionados por el Grupo Clarín están "orientados a concretar esos fines".
El dictamen afirma que la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial Federal, que declaró inconstitucionales partes de los artículos 45 y 48 -destinados a regular el régimen de multiplicidad de licencias-, "es el resultado de un apartamiento de los fines previstos por el legislador, que fueron sustituidos por el tribunal arrogándose facultades ajenas".
"Los jueces han incumplido su misión de dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador, al juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de las disposiciones que adoptó en el ejercicio de sus facultades propias", argumentó la Procuradora.
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