Las PYMES en tiempos de gran turbulencia

En efecto, a agosto de este año, los préstamos al sector privado se mantuvieron en valores nominales respecto de sus niveles de un año atrás, es decir, se redujeron 55% en términos reales.

El crédito más afectado fue el productivo, y de este, el más comúnmente utilizado por las PYMES (descuento de cheques), se volvió prácticamente prohibitivo. De hecho, la tasa de los documentos descontados (que incluye a los cheques) trepó a más del 70% anual (+ de 10 puntos porcentuales en sólo un mes).

La situación de las PYMES se torna aún más alarmante si es tienen en cuenta las dinámicas de ajustes de costos y precios a las que se vieron expuestas frente al reciente y abrupto reacomodamiento de precios.

Es sabido que el salto del valor del dólar impacta sobre gran parte de la estructura productiva del país: bien sea por tratarse de insumos importados, o bien debido a insumos dolarizados (bienes o servicios adquiridos localmente pero cuyo valor se referencia al dólar como el trigo, el acero o aluminio, la leche, etc.

La velocidad del ajuste depende de muchas variables y es lo que se conoce comúnmente como el “efecto traslado” o el “pass through” (por sus siglas en inglés)” del tipo de cambio.

Entre los factores que influyen se suelen mencionar a la fortaleza de la demanda, si el ajuste cambiario es acompañado de reacomodamiento de tarifas de los servicios públicos y si la desvalorización de la moneda se percibe como estable o existe incertidumbre sobre el valor que la misma pueda alcanzar en un futuro inmediato.

En agosto pasado, post resultados electorales de las PASO, se produjo la tormenta perfecta: elevada incertidumbre política que derivó en un gran desconcierto sobre el valor al que finalmente se iba a estabilizar el peso argentino. Se sumó a ello la elevada inercia inflacionaria y dos eventos cambiarios disruptivos muy recientes (el de abril-mayo y agosto-septiembre del año previo).

Otros factores, como la retracción de la demanda interna y el congelamiento de las tarifas públicas pudieron haber actuado como contención, al igual que la posterior decisión del Poder Ejecutivo de fijar hasta diciembre próximo (inclusive) el precio de los combustibles.

En este contexto, se produjo un rápido reacomodamiento de costos y precios luego de unos primeros días de ausencia de algunos precios de referencia que dio lugar a la paralización de las actividades industriales y comerciales.

Las primeras actualizaciones, como es previsible, las aplicaron las grandes empresas de bienes de consumo masivo (fundamentalmente alimentos y con gran componente de materias primas como harinas y aceites) y las productoras de insumos difundidos (por tratarse de commodities); en ambos casos empresas que tienen mayor poder de negociación.

Así, las PYMES enfrentaron unos primeros días con nuevos costos y viejos precios. En simultáneo, y nuevamente apelando al poder de mercado, probablemente se registraron mayores plazos de cobro de las PYMES a grandes clientes y menores días de pago a sus grandes proveedores.

Finalmente, y no por ello un dato menor, muchas PYMES que operan en el sector comercial se vieron perjudicadas por la quita del IVA a ciertos productos de la canasta básica, ya que al estar operando de manera informal, para mantenerse competitivos se vieron obligadas a una baja de los precios ofertados en góndola.

Todos estos elementos achicaron aún más los flujos de fondos (o incrementaron aún más las necesidades de capital de trabajo) en un contexto de una mayor restricción de crédito, agravando la ya complicada situación de las medianas y pequeñas empresas argentinas.

Claro está que algunas PYMES que lograron ensamblar sus cadenas productivas a grandes empresas gozan de acciones colaborativas de parte de éstas con la intención de aliviar la acuciante situación que transitan. Entre estas acciones se mencionan la de incrementar la frecuencia de entrega de mercancía, en caso de que las grandes empresas sean proveedoras (lo que aliviana el peso de cada pago que la PYME debe hacer con cada entrega).

En caso de que la relación sea con grandes empresas clientes, las PYMES hay veces que logran acceder a la extensión de los plazos de pago o el otorgamiento de algún tipo de garantía con los bancos.

Hacia fines de agosto se conocieron una serie de medidas del Banco Ciudad entre las que se incluyeron nuevos préstamos a tasas preferenciales (de hasta el 25% para MiPYMES de CABA), tanto para descuento de documentos como para proyectos de inversión.

A su vez, se establecieron nuevas tasas promocionales para emprendedores y para la línea para adquisición de taxis. Buscando apoyar la actividad comercial se ampliaron los beneficios del Paquete Comercio que reduce costos de operatoria bancaria en este banco y promueve las ventas mediante cuotas sin interés.

Si bien se trata de una buena iniciativa, su alcance es limitado: estamos hablando de sólo unas 8.000 empresas que ya operan con el Banco Ciudad y un acceso a nuevo financiamiento por $2.600 millones durante el segundo semestre de 2018.

Por su parte, la decisión del reintegro por parte del Gobierno de $2.000 por aportes a cada trabajador en relación de dependencia en una PYME sumó un nuevo problema para algunas de estas empresas. Es que muchas de ellas pagan este tipo de impuestos a través de miniplanes de entre 3 y 6 cuotas. Ahora tendrá que pagarlos al contado a sus trabajadores, viéndose obligada a restar esos fondos de su escaso y costoso capital de trabajo.

Ser PYME en Argentina es como nadar en el océano en una balsa: con enormes dificultades en días y noches de calma, recibiendo los embates de las olas que generan las grandes embarcaciones, y con grandes limitaciones para sobrevivir en momentos de tormenta, situaciones agravadas a veces por decisiones poco acertadas a la hora del rescate de prefectura.

Damián Di Pace es analista económico, autor del libro "Economía Pyme"