El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal planteó el martes la inconstitucionalidad de los cambios impulsados por el Gobierno Nacional en ese ámbito de la Justicia, que fueron aprobados por el Congreso.
Solicitan que se declare inconstitucional la reforma al sistema de medidas cautelares
La acción de amparo interpuesta por el presidente del Colegio, Jorge Rizzo, es una "acción que se dirige contra el Estado Nacional" ya que "la norma vulnera, en forma manifiestamente ilegal y arbitraria, derechos adquiridos de los abogados, afectando la dignidad profesional y entorpeciendo el libre ejercicio de la abogacía".
"Es sabido que el administrado necesita protección frente a la actividad negligente, abusiva o improcedente del Estado y una las formas en que esta protección se efectiviza es mediante la imposición de multas o astreintes al funcionario público incumplidor, infractor o culpable de un daño", explicó la entidad.
"El límite temporal impuesto a las medidas cautelares a favor del Estado nacional en esta Ley desnaturaliza el instituto, el que debería prolongarse en la medida en que subsistan las circunstancias que dieron motivo a su concesión, ya que ni procesal ni jurídicamente resultan aceptables restricciones que se fundan exclusivamente en su caducidad por el mero transcurso del tiempo", agregaron.
Esto dado que la ley establece plazos para las medidas cautelares, de seis meses, lo que antes no estaba estipulado y un ejemplo de ello es aquella que por más de tres años impidió la aplicación de la ley de medios a partir de una presentación del Grupo Clarín.
El lunes, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue el primero en plantear la inconstitucionalidad tanto de la reforma de cautelares como de la creación de nuevas Cámaras de Casación, en el fuero Civil y Comercial Federal, Laboral y Contencioso Administrativo Federal.