Hombres de negocios de San Juan, Catamarca y Mendoza, asesorados por la Secretaría de Minería, buscan que se apruebe una legislación acorde con la advertencia de organizaciones ambientalistas, las cuales advierten sobre un peligro de contaminación de reservas de agua dulce.
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Empresarios impulsan la modificación de la Ley de Glaciares
Al respecto, el vicepresidente de la Cámara Argentina Empresarios Mineros (CAEM), Jaime Bergé, indicó que la modificación debe permitir la preservación de los glaciares "importantes y los vinculados al paisaje".
El directivo remarcó que "hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia".
En septiembre del 2010 el Senado aprobó la Ley de Preservación de Glaciares y en febrero del 2011 se inició un inventario de todos los glaciares existentes en el país con el fin de avanzar en la reglamentación de la ley.
Sin embargo, desde las organizaciones ambientales denuncian que no se incluyeron todas las superficies que contienen agua sólida.
Según la CAEM, la iniciativa de modificación tiene la aprobación del presidente Mauricio Macri.
Desde la Secretaría de Minería confirmaron: "Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración".
Un informe realizado en julio de 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación detalla que existen 44 proyectos mineros "cercanos" a glaciares o ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad, Veladero.
Las pretensiones de las mineras ya habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual, recuerda Javier Drovetto en una nota para lanacion.com.ar.
Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, afirmó que "la ley no define con claridad cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico" y reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se planificaron en zonas periglaciares.
Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en que es necesario modificar la ley porque "se hace referencia a un cuidado preventivo", y destacó que esa prevención "ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera".
El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que "la ley puede ser mejorada" y señaló que tiene definiciones que "permiten interpretaciones para quien se oponga ideológicamente al desarrollo".