Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo mayoritario que contó con el visto bueno de cuatro de los cinco ministros del máximo tribunal.
Trabajador que pierda un juicio laboral deberá pagar los gastos
De esta manera, cuando un trabajador inicia un juicio laboral y lo pierde por su propia culpa debe pagar todos los gastos ocasionados en esa causa en concepto de honorarios de los abogados y peritos que hayan intervenido.
La decisión correspondió a la causa “López, Enrique Eduardo c/ Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales s/ accidente – ley especial”.
A través de un comunicado, la Corte Suprema expresó: “Enrique López afirmó que en el trayecto hacia su trabajo había sufrido un accidente que lo dejó parcialmente incapacitado. Por eso, reclamó ante la justicia laboral que la ART de su empleador le pagara la indemnización prevista en la ley 24.557 de riesgos del trabajo”.
“Pese a que fue citado en reiteradas oportunidades, López jamás se presentó para que el perito médico designado por la justicia lo examinara”, lo que “provocó que la acción fuera rechazada ante la imposibilidad de comprobarse si efectivamente estaba incapacitado”, detalló el máximo tribunal.
Pese a que la demanda fue rechazada “por culpa” del trabajador que no concurrió a las citaciones del médico ni en primera ni en segunda, “la Sala III de la cámara laboral porteña, con los votos de Diana Cañal y Néstor Rodríguez Brunengo, resolvió que todos los honorarios de los profesionales que intervinieron en el juicio tenía que pagarlos la compañía aseguradora demandada pues, según dijeron esos jueces, de lo contrario se violaría el derecho de acceso a la justicia consagrado por los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
En vistas de esto, la Corte revocó esa decisión porque el rechazo de la demandada se debió a la actitud del trabajador, por lo que “no había motivos válidos para apartarse de la regla legal que establece que quien pierde un juicio debe pagar los gastos por honorarios”.
Asimismo, no se verificaba que se hubiera puesto en cuestión el derecho del trabajador a formular su reclamo ante los tribunales competentes.
El fallo fue firmado por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y los jueces Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. El único que no firmó Horacio Rosatti.
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