La Cámara baja aprobó el jueves la iniciativa impulsada por el oficialismo, la cual establece incentivos fiscales a empresas que incorporen en vehículos y maquinaria agrícola componentes fabricados a nivel local.
Diputados aprobó el proyecto de promoción del sector autopartista
El proyecto de ley obtuvo la media sanción con 197 votos afirmativos, 4 negativos y ninguna abstención, juntando voluntades de Cambiemos, el massismo y el peronismo no kirchnerista. Ahora, la discusión pasa directamente al Senado, para su aprobación definitiva.
"Esta ley tiene como objetivo fundamental el desarrollo y la sustentabilidad del sector autopartista, un sector que genera mucho empleo y que tiene la posibilidad de generar aún más", celebró el diputado Oscar Romero (foto), presidente del Bloque Justicialista.
El dirigente de Smata y autor del proyecto, admitió que la ley fue consensuada con el oficialismo, un día después de presenciar la presentación del proyecto en Casa Rosada, junto al presidente Mauricio Macri.
El Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, que reemplaza la ley 26.393 -extinguida en 2013-, establece el reintegro, mediante un bono fiscal que servirá para cancelar cualquier impuesto nacional, de un porcentaje de lo que la terminal automotriz gaste en la compra de autopartes nacionales.
La iniciativa establece el otorgamiento de un bono electrónico de crédito fiscal para el pago de impuestos en función del nivel de integración local de autopartes.
Asimismo, reduce los derechos de importación con origen extrazona (D.I.E) al 0% para operaciones destinadas a la compra de moldes y matrices.
La norma también habla de un anticipo del 15% del beneficio para el desarrollo de proveedores durante los cinco primeros años de vigencia del régimen.
Y se refiere a "la Creación del Consejo Consultivo del régimen como un espacio para fortalecer la coordinación público-privada en torno a la aplicación del presente".
En un comunicado, el Ministerio de Producción detalló que el contenido mínimo nacional (CMN) necesario para que un bien ingrese al régimen figura en un rango de entre 15% y un 30%, dependiendo del tipo de bien que se trate.
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