El fiscal federal Carlos Stornelli imputó al ministro de Energía y Minería por autorizar un fuerte aumento en el servicio gas sin haberse realizado audiencia pública previa.
La Justicia toma denuncia contra Aranguren por el tarifazo y Shell
En los ojos del defensor público, el funcionario podría haberse "beneficiado" con esta medida ya que figura como accionista de la petrolera Shell, empresa que condujo hasta fines del año pasado.
El pedido del fiscal fue presentado ante el juez federal Luis Rodríguez, a cargo de la causa. La denuncia fue introducida días atrás por los diputados del Frente para la Victoria Martín Doñate y Rodolfo Tailhade.
Los legisladores creen que Juan José Aranguren fue directamente beneficiado por el aumento de gas, y por su doble rol como funcionario público y accionista de Shell.
"Siendo directivo de dicha compañía y según consta en sus declaraciones juradas y de su propio relato, recibió una cantidad variable de opciones y/o acciones de Grupo Royal Dutch Shell Plc (RDS), hasta llegar al monto que manifestó al 31 de diciembre de 2014 por la suma de 13.188.436,49 pesos", puntualizaron los diputados kirchneristas.
"Dichas acciones forman parte del patrimonio del Ministro y, desde luego, su valor fluctúa con la actividad de la empresa. De esta manera, mientras RDS acreciente su actividad y se mantenga como una empresa líder en el mercado de la energía, el patrimonio de Aranguren se mantendrá en alza junto con el aumento del valor de sus títulos accionarios", añadieron.
Según los denunciantes, existe un "conflicto de intereses respecto de la situación del Ministro socio de Shell", porque habría una violación a la ley de Ética Pública por incompatibilidad.
"Aranguren renunció a la Presidencia de la empresa el 30 de junio de 2015, no habiendo transcurrido los tres años desde esa renuncia hasta su designación como Ministro de Energía, conforme lo prescriben los artículos 13 y 15 de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública", esgrimieron en la denuncia.
Además, dieron cuenta de un negociado con la compra de gas a Chile para la empresa Shell, ya que pagó un precio 53 por ciento superior el gas natural licuado (GNL) que llega por barcos, y un 128 más elevado que lo abonado por las importaciones provenientes de Bolivia.
Al impulsar la causa, el fiscal Stornelli (foto) le pidió al juez Rodríguez una gran cantidad de medidas de prueba.
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