El Gobierno porteño sancionó económicamente a un chofer del servicio de transporte vía celular y se le secuestró el vehículo, ya que esa compañía no tiene el permiso para operar en la Ciudad de Buenos Aires.
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El GCBA le impuso a Uber una primera multa de 77.000 pesos
La penalización se hizo efectiva luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 15 de la Ciudad, Víctor Trionfetti, hiciera lugar a un amparo presentado por el Sindicato de Peones de Taxis, que conduce Omar Viviani.
Pese a esto, Uber afirmó que continuará operando "con normalidad" pese a que la Justicia porteña ordenó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta suspender "de modo inmediato" sus actividades hasta que haya sentencia firme.
Luego de que el nuevo servicio se estrenara el martes en la Capital, el GCBA se encargó de montar un operativo para detectar a los conductores de Uber, multarlos y acarrear sus vehículos.
La primera sanción se aplicó el martes, por un valor de 77.000 pesos, un monto que equivale aproximadamente al 35 por ciento del valor del auto implicado, que también fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.
Tras el procedimiento realizado en avenida Directorio al 500, en el barrio porteño de Caballito, la firma de transporte confirmó que se hará cargo de la multa y ratificó que seguirá ofreciendo el servicio.
La Agencia Gubernamental de Control dispuso la clausura del servicio y envió notificaciones a todos los domicilios conocidos de la empresa.
Al respecto, el secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez, explicó que el Gobierno porteño quiso comunicarle a la compañía la clausura, pero no pudo ya que "no tienen oficinas" declaradas.
"El fallo judicial nos pide que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para que la compañía cese su actividad", comentó Méndez al justificar la decisión oficial de impedir que la firma opere.
"Lo estamos comunicando en la Policía, en la fiscalía. Esta clausura rige sobre el servicio y eventualmente cuando encontremos las oficinas, también sobre las oficinas", explicó el funcionario porteño.
El gobierno tiene desde el miércoles 13 sólo 5 días para localizar a las autoridades de la compañía extranjera y comunicar al juzgado cuales son las medidas que adoptaron para cumplir el fallo.
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