Lo aseguró el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la previa de lo que será la próxima reunión entre el Gobierno nacional y los holdouts y la Justicia estadounidense, a partir de pasado mañana en Nueva York.
"No llevamos ninguna oferta" para los fondos buitre
"No tenemos previsto llevar una oferta y sí la decisión de desdramatizar el tema, que es uno de los tantos que tenemos que solucionar, con la mayor responsabilidad posible, sacándolo del melodrama nacionalista", argumentó el funcionario.
En una entrevista con un diario porteño, Peña señaló que "la cuestión de la ley cerrojo se debe resolver en el Parlamento, donde hay un espíritu mayoritario entre los gobernadores de que es un tema que se tiene que resolver. La no resolución ha traído un enorme costo al bolsillo de los argentinos".
Este lunes, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, tomará un vuela a la ciudad de Nueva York para reunirse el miércoles, por primera vez de manera formal, con el mediador en el conflicto que el país sostiene con los fondos buitre, Daniel Pollack.
"Es una primera conversación. La ansiedad de todos problemas acumulados no nos debe correr en términos del ritmo necesario para poder dar pasos concretos", explicó Peña, sobre la reunión Caputo-Pollack.
Para el funcionario, "es importante resolver" el conflicto con los capitales especuladores, "pero hay dos partes y no vamos a paralizar el resto de la gestión. Ojalá se pueda resolver lo más rápido posible".
El objetivo de la Casa Rosada es sacarse de encima lo más pronto posible este litigio, para tener así acceso a los mercados internacionales de crédito.
Caputo ya había mantenido un encuentro previo con Pollack, donde quedó expresada la voluntad del nuevo Gobierno de reanudar las negociaciones durante este mes.
El conflicto con los buitres se inició a partir de un fallo del juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, quien favoreció a los acreedores de la deuda soberana en default que no ingresaron en los sucesivos canjes de deuda (2005 y 2010) lanzados por Argentina.
El juicio inicial era por unos 1.700 millones de dólares, pero en octubre último el magistrado aceptó un pedido de 49 demandas de otros tenedores de títulos en default los llamados "me too", que significa "yo también" en inglés- por otros 6.150 millones de dólares.