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Deuda soberana

Deuda soberana: el Estado nacional busca sacar del medio al Banco de Nueva York

22 de septiembre de 2014 - 12:19

El Gobierno intimó el lunes al Bank of New York Mellon (BoNY) a que renuncie como agente fiduciario de los canjes de deuda de 2005 y 2010, y transfiera los fondos depositados por el país a Nación Fideicomisos, instancia elegida por el Ejecutivo y el Parlamento para cumplir con los acreedores.

A través de un aviso legal publicado en matutinos de tirada nacional, la Casa Rosada manifestó que el banco estadounidense "ha dejado de ser idóneo para desempeñar sus funciones como agente fiduciario".

"Se envió una nueva intimación formal al Bank of New York Mellon porque no presentó su renuncia como agente fiduciario, tal como le fue solicitado mediante una carta" fechada este lunes, de acuerdo con el texto oficial.

Para el Gobierno, la entidad financiera con sede en la plaza neoyorkina "se ha vuelto incapaz de actuar" tras los fallos del juez neoyorquino Thomas Griesa

"Si el BoNY no renuncia de forma inmediata, los bonistas y el país tienen derecho a separarlo de su función y nombrar un reemplazo", resaltó el Poder Ejecutivo.

"Si el agente no cumple con sus funciones, cualquier bonista puede pedir ante cualquier juzgado competente que se lo separe de sus funciones", añadió el aviso oficial.

También puntualizó que los bonistas tienen la posibilidad de impulsar acciones que consideren pertinentes para hacer cumplir sus derechos, como apelar las órdenes (de Griesa) que, a juicio de los bonistas, representen un detrimento en sus intereses, o que inicien nuevas acciones que a su juocio sean apropiadas".

Además, el Ejecutivo reclamó al banco que "transfiera los bienes y fondos bajo su control" a Nación Fideicomisos.

Por último, El Gobierno aclaró que el aviso publicado en los diarios "no debe considerarse como asesoramiento legal brindado por la República Argentina", y anticipó que el Ministerio de Economía "continuará proveyendo información a los bonistas".

El martes de la semana próxima, el Estado debe hacer frente a un nuevo vencimiento de deuda, por alrededor de 200 millones de dólares.
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