La reducción de la pobreza por ingresos en Argentina convive con un incremento en los déficits de acceso a derechos sociales básicos.
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Argentina tiene un déficit en cuanto a empleo, salud y alimentación
Esto se da pese a la baja de la pobreza de los últimos años.
Así lo mostró el informe denominado "Mayores privaciones sociales en una Argentina con menor pobreza monetaria", elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).
La cuenta pendiente de Argentina
Los principales indicadores de carencia se concentran en la falta de empleo de calidad con seguridad social, el acceso limitado a recursos de salud y la insuficiencia alimentaria, factores que impiden una mejora integral en las condiciones de vida de la población.
Entre los años 2024 y 2025, la pobreza medida estrictamente por ingresos descendió del 36,0 al 26,4 por ciento de los hogares.
En el mismo período, la proporción de hogares con al menos una carencia social no monetaria aumentó del 65,6 al 67,3 por ciento.
Según los investigadores de la UCA, esto evidencia que la capacidad de consumo no resuelve las privaciones estructurales.
El estudio observó el bienestar desde una perspectiva multidimensional que abarca seis dimensiones de derechos económicos y sociales.
En la ponderación del informe, el mayor deterioro se registra en el mercado laboral y la seguridad social, con una carencia que alcanza al 33,1% de los hogares en 2025, frente al 26,7% que se registraba en 2017.
Asimismo, el déficit en el acceso a la salud subió al 34,3% y la privación alimentaria escaló al 18,7%.
La deuda social
Según el documento, "los indicadores multidimensionales permiten evaluar privaciones que quedan ocultas detrás del dato monetario".
Esta dinámica generó un aumento en el segmento de hogares que no son pobres por ingresos pero mantienen carencias sociales, el cual pasó del 33,3% al 42,9% en el último año analizado.
El informe confirmó que existe una "mayor fragmentación y segmentación laboral, así como también pérdida de acceso a recursos esenciales".
La investigación identificó que "el descenso de la pobreza por ingresos entre 2024 y 2025 no se traduce en una mejora integral de las condiciones de vida ni en un mayor cumplimiento de los derechos sociales".
El diagnóstico final redundó en que las deudas sociales del país son un problema estructural que excede la recuperación de la capacidad de compra de los salarios.