La Justicia suspendió la licitación de los activos de SanCor

Asimismo, el tribunal consideró que la aprobación del pliego y el inicio del cronograma de liquidación representan una resolución de trascendental importancia, ya que fijan los valores y el mecanismo de liquidación de los activos, con consecuencias potencialmente irreversibles para el proceso concursal y la continuidad de la empresa.

Según el texto de la resolución, la Cámara resolvió hacer lugar al recurso de queja, conceder la apelación y el planteo de nulidad con efecto suspensivo, además de ordenar la elevación del expediente principal para su tratamiento.

La decisión implica que quedan suspendidos los efectos de la resolución dictada el 11 de junio, incluida la aprobación del pliego de bases y condiciones y del cronograma de la licitación, hasta que la Cámara resuelva el fondo de la apelación.

Semanas atrás, el juez de Primera Instancia de Rafaela, Marcelo Gelcich, había autorizado el llamado a licitación, estableciendo los valores de referencia y las condiciones para la venta de los activos distribuidos en 7 lotes.

Sin embargo, Fidulac cuestionó tanto las valuaciones fijadas como el criterio de avanzar con una venta fragmentada, argumentando que esa modalidad compromete la posibilidad de preservar la continuidad operativa de la empresa.

Los activos de la compañía

Según la presentación de la firma, el diseño del proceso favorece el desguace de SanCor en lugar de priorizar la venta de la compañía como una unidad productiva integrada.

Entre sus objeciones, sostiene que la división de activos genera una pérdida de valor económico y carece de fundamentos técnicos y jurídicos suficientes.

La empresa también advirtió que el principal valor estratégico de SanCor no reside únicamente en sus plantas industriales, sino en el peso comercial de su marca.

En ese sentido, afirmó que separar los activos productivos de los activos intangibles puede erosionar significativamente el valor de la compañía y afectar cualquier posibilidad futura de recuperación.

Otro de los puntos cuestionados está vinculado con la transparencia del procedimiento.

Fidulac argumentó que el acceso al denominado “Data Room”, donde se encuentran disponibles las tasaciones y documentación relevante del proceso, requiere el pago de un arancel de US$ 10.000, una condición que, según sostiene, limita el control por parte de acreedores y otros interesados.

Inicialmente, el juez Gelcich había rechazado la presentación al considerar “inexistente” el escrito presentado por la empresa.

El magistrado argumentó que el documento carecía de firma ológrafa y que había sido suscripto mediante una firma electrónica a través de la plataforma DocuSign.

Sin embargo, la Cámara revocó ese criterio. En un fallo firmado por los jueces Álvarez Tremea, Hail y Lorenzetti, el tribunal entendió que la decisión constituyó un exceso de rigor formal y recordó que las firmas electrónicas cuentan con reconocimiento legal y presunción de validez mientras no sean desconocidas por sus propios firmantes.

Los magistrados remarcaron además que el escrito contaba con la firma digital del abogado patrocinante, circunstancia suficiente para otorgarle existencia procesal.

También señalaron que, aun en el supuesto de existir algún defecto formal, correspondía otorgar la posibilidad de subsanarlo antes que declarar la inexistencia de la presentación.

Finalmente, la Cámara destacó que la representación de Fidulac quedó acreditada mediante un poder general instrumentado por escritura pública, descartando cualquier duda respecto de la legitimidad de la actuación de la empresa.